El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó este viernes una ampliación de las ayudas económicas destinadas a las familias damnificadas por los intensos incendios forestales que han azotado la Región del Biobío en las últimas semanas, en el marco de una reunión con autoridades y dirigentes locales en Concepción. La intervención de la autoridad fue clara: las medidas buscan apoyar en la etapa inicial de recuperación, antes de la reconstrucción definitiva de viviendas y negocios afectados por la catástrofe.
Entre los beneficios anunciados se encuentra un Bolsillo Electrónico de Emergencia para la autoconstrucción, dirigido a quienes han comenzado a levantar viviendas provisionales o requieren recursos para materiales. Este aporte asciende a 150 Unidades de Fomento (UF) y se entregará en tres pagos a quienes estén inscritos en los registros de ayuda y cumplan con los requisitos exigidos. Junto a ello, se implementará un Bono de Acogida de 10 UF, destinado a facilitar la habitabilidad transitoria de las familias mientras se avanza en los pasos siguientes del proceso de recuperación.
Además, Elizalde recordó que ya se han otorgado 3.372 bonos de recuperación de emergencia, con montos que fluctúan entre $750.000 y $1.000.000, según el nivel de afectación de cada hogar. Aún están pendientes unos 973 pagos más, lo que da cuenta de la magnitud de los daños y de la respuesta que el Estado está desplegando para llegar a todos los perjudicados.
La autoridad puntualizó que estas medidas no reemplazan la reconstrucción definitiva, sino que son apoyos provisionales que deben servir para cubrir necesidades urgentes en el periodo de transición. El retiro de escombros y la habilitación de viviendas de emergencia son parte de los esfuerzos coordinados entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y las municipalidades afectadas.
En paralelo, se ha enfatizado la importancia de completar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para poder calificar a los distintos beneficios, un trámite que ha sido promovido tanto por autoridades nacionales como por equipos municipales en terreno. Esta documentación es clave para que las familias obtengan acceso a bonos y recursos que les permitan reaccionar ante la pérdida de sus hogares o emprendimientos.
El reforzamiento de las ayudas se produce en un contexto donde las labores de recuperación continúan tras el paso de llamas que devastaron miles de hectáreas, destruyeron viviendas y dejaron a numerosas familias en situación de vulnerabilidad. El compromiso del Ejecutivo, según Elizalde, es “estar presentes en cada etapa del proceso”, buscando que los damnificados puedan estabilizar su situación residencial y productiva lo antes posible.
