Un nuevo capítulo de tensión se vive en la Región del Biobío luego de que la Delegación Presidencial rechazara la solicitud de autorización para un evento benéfico que la Municipalidad de San Pedro de la Paz preparaba en apoyo a los damnificados por los incendios forestales. El alcalde Juan Pablo Spoerer calificó la decisión como una “posible discriminación política”, en medio de un panorama en que las necesidades de las familias afectadas siguen siendo altas.
La actividad, que contaba con el respaldo de organizaciones sociales y de apoyo, estaba programada para realizarse este fin de semana en el Anfiteatro de la Laguna Grande de la comuna. Su objetivo era reunir ayuda, recursos y solidaridad en favor de quienes han perdido sus viviendas o medios de subsistencia tras los incendios. Sin embargo, días antes de su ejecución, la Delegación Presidencial comunicó a los organizadores que no autorizaría la realización del evento por razones de seguridad, citando la preocupación por posibles aglomeraciones en zonas de riesgo y la necesidad de liberar efectivos de Carabineros para la atención de emergencias prioritarias.
Ante esta negativa, el alcalde Spoerer expresó su sorpresa y descontento, argumentando que inicialmente la propuesta había sido bien recibida por la misma Delegación. “Simplemente nos dijeron que no, que era imposible obtener la autorización”, manifestó, subrayando que no se le explicó de forma clara la razón técnica detrás de la decisión. Según el jefe comunal, esto genera incertidumbre respecto a cómo se están gestionando las actividades solidarias en la zona, y deslizó que podría existir un trasfondo político en la medida adoptada.
Por su parte, desde la Delegación Presidencial se defendió que la suspensión responde a criterios de seguridad pública, similares a los que llevaron a cancelar otros espectáculos masivos recientes en la región, con el fin de evitar situaciones que requieran despliegue de recursos en momentos críticos. El delegado presidencial explicó que la prohibición de actos multitudinarios en sectores donde aún existe riesgo busca priorizar la seguridad de la población y la eficiencia de las labores de respuesta ante emergencias.
La controversia ha generado reacciones cruzadas en distintos sectores de la comunidad, con sectores sociales que respaldan la iniciativa municipal y otros que respaldan las postura de las autoridades de seguridad. El impacto de la medida se discute en un contexto donde las necesidades de los damnificados no han disminuido, y donde la coordinación entre instituciones públicas y organizaciones civiles sigue siendo fundamental para enfrentar las secuelas de los recientes incendios.
