El Gobierno retirará la actual reforma constitucional en materia de seguridad y trabajará en una nueva iniciativa, luego de alcanzar un acuerdo con sectores opositores para modificar el texto que se encuentra en el Congreso.
El cambio fue confirmado por el senador Pedro Araya (PPD), tras participar en una reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo. Según explicó, durante el encuentro existió un “buen clima” y coincidencia sobre la necesidad de alcanzar acuerdos en materia de seguridad.
El Ejecutivo manifestó su disposición a retirar la reforma una vez que exista una propuesta alternativa que aborde los problemas planteados respecto del texto original. Araya señaló que la nueva iniciativa sería presentada durante la próxima semana.
La propuesta contempla tres ejes. El primero busca incorporar a nivel constitucional una condena al crimen organizado, considerándolo un fenómeno que afecta las bases de la institucionalidad y la convivencia democrática, con un tratamiento similar al que actualmente recibe el terrorismo.
El segundo apunta a entregar nuevas facultades a Gendarmería para segregar a las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad, evitando que internos considerados de alta peligrosidad sean trasladados o agrupados junto a otros reclusos.
El tercer eje aborda los estados de excepción constitucional. Se mantendrían los actuales estados de excepción y se realizarían precisiones sobre el estado de emergencia, para establecer expresamente su aplicación frente a situaciones vinculadas con la seguridad pública.
De acuerdo con lo conversado, los cambios no modificarían las actuales atribuciones del Presidente ni incorporarían nuevas restricciones a los derechos fundamentales. La interceptación de comunicaciones telefónicas continuaría requiriendo una orden judicial.
