El uso diario de redes sociales y plataformas digitales en Chile promedia entre tres y cuatro horas, un nivel comparable al que tuvo la televisión en su época de mayor consumo, mientras las obligaciones legales para reducir ese uso recaen sobre familias y colegios y no sobre las empresas que operan las plataformas.
El diagnóstico corresponde a la Dra. Chiara Sáez, investigadora de la Universidad de Chile especializada en comunicación digital y plataformas, quien lidera el Proyecto Fondecyt 1230748 – Factores críticos para una nueva institucionalidad reguladora convergente de las comunicaciones en Chile.
La académica se refirió al tema luego de que Meta anunciara cambios en el uso de Instagram y Facebook por parte de menores de 18 años, como parte de un proceso judicial en Estados Unidos que incluye una multa a la empresa.
El anuncio se suma a un debate regulatorio que ya avanza en distintos países. Australia impuso las primeras restricciones relevantes al acceso de menores a redes sociales, y Reino Unido, Francia y varios países de Medio Oriente evalúan medidas similares. En Chile, distintos proyectos de ley abordan la misma dirección, mientras los colegios eliminaron este año el uso de teléfonos en las salas de clases.
Frente a esas medidas, las plataformas han privilegiado la autorregulación, es decir, comprometerse a introducir ajustes internos antes que aceptar normas externas vinculantes.
Para Sáez, ese modelo no resuelve el problema de fondo, porque las empresas repiten ciclos de correcciones puntuales sin modificar su funcionamiento estructural. “El tema es cómo Meta se sigue aferrando lo más que pueda a la autorregulación, es decir, déjenos a nosotros, nosotros vamos a resolver el problema”, explica la investigadora.
Secreto algorítmico
La discusión pública sobre plataformas tiende a concentrarse en la cantidad de tiempo que los niños pasan frente a la pantalla. Chiara Sáez plantea que ese enfoque deja fuera el elemento que sostiene el negocio de las plataformas: el funcionamiento de sus algoritmos de recomendación, diseñados para maximizar el tiempo de uso y mantenidos en reserva por las empresas.
La investigadora describe el vínculo entre secreto industrial y diseño de consumo prolongado como el núcleo estructural del problema regulatorio. “El problema de las plataformas es un problema de transparencia, de transparencia de los algoritmos y hasta qué punto los algoritmos debieron ser transparentes sin que eso afecte el secreto industrial de la plataforma”, sostiene la Dra. Sáez.
Esa opacidad distingue a las plataformas de los medios de comunicación tradicionales. Sáez sostiene que su penetración en la vida cotidiana supera la que alcanzaron la radio, el cine o la televisión en sus respectivas etapas de expansión, porque el algoritmo ajusta el contenido a cada usuario en tiempo real y sin intervención editorial visible.
El desafío para los reguladores es exigir apertura sobre el diseño de los algoritmos sin vulnerar la propiedad intelectual de las empresas que los desarrollan. Esa tensión explica por qué las discusiones legislativas avanzan más rápido en medidas visibles, como límites de edad o restricciones de horario, que en exigencias sobre el funcionamiento interno de las plataformas.
La discusión será aparte la Conferencia Internacional “Gobernanza y Regulación Convergente de las Comunicaciones en la Era Digital: instituciones, actores y factores críticos en el contexto latinoamericano”, que el proyecto Fondecyt organizará los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026 en el Complejo VM20 de la Universidad de Chile. El encuentro reunirá a académicos, reguladores, sociedad civil y periodistas de América Latina en torno a nueve ejes programáticos, entre ellos la competencia y el poder de las plataformas, la transparencia algorítmica y la soberanía digital regional.
Plataformas como negocio regulado
La Dra. Sáez enmarca el fenómeno como un problema de regulación económica antes que como un asunto exclusivo de crianza o de hábitos familiares. La investigadora advierte que “las plataformas no son solamente un espacio de entretención, son un negocio, son un sector de la economía”.
Las medidas vigentes en Chile —la eliminación de teléfonos en las salas de clases este año, las recomendaciones de control parental en los hogares— son intervenciones legales que recaen sobre la familia y el sistema escolar. Ninguna disposición equivalente exige a las plataformas modificar el diseño de sus productos ni las funciones que prolongan el tiempo de uso.
Para la investigadora, esa asimetría es el punto ciego del debate regulatorio, porque todo lo que hacen las familias reduce riesgos pero no reemplaza una obligación legal sobre las empresas. “Las restricciones de los teléfonos y todo son medidas legales, y ponen más carga sobre la familia, más carga sobre el sistema escolar, y sobre las plataformas no se pone ninguna obligación legal”.
La especialista compara ese vacío regulatorio con otros mercados que sí tienen restricciones de edad. Las empresas que venden alcohol no pueden comercializarlo a menores de 18 años bajo pena de sanción, y la Dra. Sáez plantea que las plataformas digitales deberían quedar sujetas a un régimen de responsabilidad similar, con multas aplicables cuando se incumplan las normas.
El modelo brasileño
El anuncio de Meta se produce en medio de un proceso judicial en Estados Unidos, donde la empresa deberá pagar una multa y aceptó introducir cambios en el uso de Instagram y Facebook por menores de 18 años, entre ellos límites de tiempo de conexión y restricciones a funciones de interacción como los “me gusta”. Australia fue el primer país en imponer restricciones de acceso a redes sociales para menores, y Reino Unido, Francia y distintos países de Medio Oriente evalúan medidas similares.
En América Latina, la referencia más próxima es Brasil, donde avanza la llamada ECA digital, un mecanismo de seguimiento del uso que hacen niñas, niños y adolescentes de las plataformas. La académica de la Universidad de Chile destaca que esa experiencia es la más comparable con el contexto chileno: “es la experiencia más cercana que podemos tener a nuestra realidad”.
La investigadora advierte contra trasladar mecánicamente políticas de otros países sin considerar el contexto local. Frente a un estudio finlandés reciente que asoció el uso prolongado de pantallas con menor desempeño cognitivo en la infancia, plantea que resulta necesario evaluar qué factores previos –como la educación en medios– explican los resultados en cada sociedad antes de replicar sus conclusiones.
Por ahora, la experiencia brasileña permanece en una etapa temprana de implementación. Sáez sostiene que su desarrollo debe observarse de cerca, en la medida en que ofrece el diseño institucional más cercano a la realidad regional para evaluar si el seguimiento del uso de plataformas por parte de menores de edad puede convertirse en política pública replicable en Chile.
