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Nacimiento: robos inquietan a vecinos y refuerza presencia policial en la comuna

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Una seguidilla de robos registrados en distintos sectores de Nacimiento encendió las alertas entre vecinos y autoridades, quienes reconocen un aumento sostenido de delitos contra la propiedad en las últimas semanas. La situación motivó un reforzamiento de los patrullajes y la coordinación con Carabineros para contener los hechos y entregar mayor sensación de seguridad en la comuna.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por residentes, los ilícitos han afectado principalmente a viviendas y locales comerciales, generando preocupación por la reiteración de los episodios y la percepción de vulnerabilidad en determinados barrios. Algunos vecinos señalaron que los robos se han producido en horarios variados, lo que dificulta anticipar patrones y aumenta la inquietud entre las familias.

Frente a este escenario, se intensificó la presencia policial en puntos estratégicos de Nacimiento, con controles preventivos y rondas focalizadas. La medida busca disuadir nuevos delitos y facilitar la identificación de eventuales responsables. Desde la policía se indicó que el despliegue responde a denuncias formales recibidas y al análisis de información recopilada durante los últimos días.

Dirigentes vecinales valoraron el aumento de patrullajes, aunque insistieron en la necesidad de mantener una estrategia sostenida en el tiempo. A su juicio, el fenómeno no puede abordarse solo con medidas reactivas, sino también mediante coordinación comunitaria y fortalecimiento de canales de denuncia.

El incremento de robos en Nacimiento se suma a otras situaciones de inseguridad que han afectado a distintas comunas de la Región del Biobío, donde autoridades locales han reiterado llamados a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso. En ese contexto, se insistió en la importancia de utilizar los números de emergencia y las plataformas formales para registrar antecedentes que permitan orientar las investigaciones.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer los casos recientes, la comunidad permanece atenta a los resultados de las acciones implementadas. El objetivo declarado por las autoridades es recuperar la tranquilidad de los barrios y evitar que la ola de robos siga escalando en la comuna.

Cierra sala cuna de Talcahuano y deja a 30 niños sin establecimiento: denuncian sueldos impagos

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Un abrupto cierre dejó a 30 niños sin atención parvularia en Talcahuano, luego que una sala cuna dejara de funcionar en medio de una compleja situación financiera que también mantiene a trabajadoras con sueldos impagos. La medida, que se concretó en los últimos días, generó incertidumbre entre apoderados y el equipo educativo, quienes aseguran no haber recibido información oportuna sobre la continuidad del proyecto.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el recinto cesó sus actividades sin una solución inmediata para las familias, que ahora deben buscar cupos en otros establecimientos de la comuna o en sectores cercanos de la Región del Biobío. Apoderados manifestaron su preocupación por la falta de alternativas disponibles a esta altura del año, considerando que el cierre se produce en pleno inicio del periodo escolar.

La situación no solo afecta a los menores matriculados. Trabajadoras del establecimiento denunciaron que se mantienen remuneraciones pendientes, lo que agrava el escenario laboral. Según señalaron, no existiría claridad respecto de cuándo se regularizarán los pagos adeudados ni sobre eventuales indemnizaciones, en caso de que el cierre sea definitivo.

Desde la comunidad educativa se indicó que el término del funcionamiento estaría vinculado a dificultades económicas que arrastraba el recinto. No obstante, los detalles sobre la administración y las responsabilidades en el proceso aún no han sido aclarados públicamente.

El caso abrió interrogantes respecto a los mecanismos de fiscalización y supervisión que operan sobre este tipo de establecimientos en la Región del Biobío, especialmente cuando se trata de garantizar continuidad educativa y resguardo laboral. Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan días de incertidumbre, buscando alternativas para asegurar el cuidado y educación de sus hijos.

Autoridades correspondientes deberán determinar los pasos a seguir para apoyar a los apoderados y verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes, en un escenario que vuelve a tensionar el sistema de educación inicial en la Región.

12 mil licencias sin respaldo y permisos entre colegas remecen al principal hospital de la Región

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Un exhaustivo informe de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa la gestión del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, el principal centro de salud pública en la Región del Biobío, al detectar miles de licencias médicas sin respaldo clínico ni trazabilidad formal. El documento de auditoría, que abarcó el periodo 2023–2024, expone debilidades de control interno que podrían tener implicancias administrativas y financieras de importancia para la institución y la salud pública regional.

Según el análisis oficial, un total de 12.347 licencias médicas electrónicas fueron emitidas desde el hospital sin que exista registro alguno en las fichas clínicas que vinculen la emisión de esos permisos con una atención médica efectivamente realizada. Esto implica que miles de trabajadores habrían accedido a permisos de reposo sin que exista constancia formal de evaluación, tratamiento o diagnóstico, lo cual contraviene protocolos básicos de práctica clínica y de gestión interna.

Además, la Contraloría detectó casos sorprendentes de emisión de permisos entre colegas sin documentación de atención entre paciente y profesional. Lo que en el argot institucional se ha conocido como “permisos de pasillo” —por su informalidad y falta de soporte clínico— pone en evidencia fallas graves en el sistema de control de licencias dentro del hospital, según el organismo fiscalizador.

Otro hallazgo crítico fue el descubrimiento de que 8.126 licencias fueron emitidas por profesionales que ya no formaban parte de la dotación activa del hospital, pero cuyos perfiles informáticos no habían sido desactivados, permitiéndoles seguir operando como si aún ejercieran funciones. Esta falla de gestión de acceso agrava las interrogantes sobre el resguardo de información y el control de permisos.

Tal vez uno de los aspectos más llamativos de la auditoría fue que 65 médicos emitieron 1.217 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban en reposo total, una situación que la misma Contraloría advirtió podría constituir una contravención a la normativa de salud laboral y ética profesional. El informe instruye remitir estos antecedentes a las instancias competentes para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En términos económicos, el reporte revela que entre 2023 y 2024 se registraron $134 millones en licencias rechazadas, pero que al momento de la auditoría solo se había recuperado una mínima parte de esos recursos, lo que exhibe problemas en la aplicación de descuentos y procedimientos de compensación.

Frente a estos resultados, el hospital ha abierto sumarios internos y deberá adoptar medidas correctivas urgentes para fortalecer sus mecanismos de control de licencias médicas. La situación abre preguntas sobre la transparencia, la gestión de recursos y la supervisión de procesos clínicos en una institución que, a diario, atiende miles de consultas y procedimientos en la Región del Biobío.

MOP iniciará licitación para estudio que definirá reposición del Puente Juan Pablo II en Concepción

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La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío anunció que durante el segundo trimestre se abrirá la licitación para desarrollar el estudio de prefactibilidad destinado a la reposición del Puente Juan Pablo II, principal conexión vial entre Concepción y San Pedro de la Paz.

Se trata del viaducto más antiguo actualmente en operación sobre el río Biobío, infraestructura que presenta un desgaste acumulado y cuya vida útil proyectada bordea los 10 años. Parte importante de su deterioro se asocia a los daños estructurales provocados por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, confirmó que el proceso comenzará con la etapa de prefactibilidad, instancia técnica clave para evaluar alternativas de diseño, costos y emplazamiento de un eventual nuevo puente. De acuerdo con el cronograma preliminar, la consultoría podría adjudicarse en octubre.

En paralelo, la Dirección de Vialidad ejecutará trabajos de conservación orientados a extender la operatividad del actual viaducto mientras se define su reemplazo. Según explicó el director regional de Vialidad, Juan Andrés Vega, la empresa contratista ya desarrolla estudios previos para una intervención similar a la realizada en 2018.

Las obras contemplan faenas nocturnas por un período estimado de 18 meses. Entre las mejoras se incluye el recambio de barandas, la instalación de nuevos anclajes antisísmicos y la implementación de un pórtico de control que permitirá monitorear el tránsito de manera permanente.

Cabe recordar que el tránsito de camiones por esta estructura se mantiene restringido. Sin embargo, durante el último año se cursaron 543 citaciones al Juzgado de Policía Local por incumplimiento de esta normativa.

La reposición del Puente Juan Pablo II es considerada estratégica para la conectividad del Gran Concepción, especialmente ante el alto flujo vehicular que registra diariamente esta vía estructurante de la intercomuna.

JPMorgan vincula caída del Imacec de enero a incendios forestales en el Biobío

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Un informe del banco estadounidense JPMorgan Chase atribuyó parte del débil desempeño económico de enero al impacto de los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país, particularmente a la región del Biobío, además de Ñuble y La Araucanía.

El análisis surge tras la publicación del último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) por parte del Banco Central de Chile, que evidenció una contracción de 0,1% explicada principalmente por la baja en la producción de bienes. En términos desestacionalizados, el indicador creció 0,2% respecto del mes anterior y 0,5% en doce meses. Enero registró, además, un día hábil menos en comparación con igual mes del año pasado.

Según el economista Diego Pereira, de JPMorgan, las actividades agrícola y forestal fueron las más golpeadas, en un contexto marcado por la emergencia de los incendios. El informe sostiene que el fuego arrasó más de 45 mil hectáreas hacia fines de enero, afectando plantaciones forestales comerciales y paralizando faenas agrícolas en sectores cercanos. La contingencia obligó al desplazamiento de cerca de 50 mil personas y dejó víctimas fatales, además de generar efectos indirectos en la actividad manufacturera.

El retroceso en bienes fue parcialmente compensado por el dinamismo del sector servicios, que impulsó el Imacec en su medición desestacionalizada. En tanto, el Imacec no minero no mostró variación anual y anotó un alza mensual de 0,1%.

Si bien el banco considera que el efecto de los incendios sería transitorio y tendería a diluirse en los próximos meses, ajustó a la baja su proyección de crecimiento para el primer trimestre, reduciéndola de 3,5% a 3,0%. Para el cierre del año, en tanto, mantiene una estimación de expansión del PIB de 2,7%, apoyada en indicadores de confianza empresarial y expectativas de los consumidores que continúan en terreno positivo.

El análisis refuerza la incidencia que tuvieron los siniestros en la actividad productiva de regiones clave como el Biobío, donde la industria forestal constituye uno de los principales motores económicos.

San Pedro de la Paz: intimidan con arma de fuego a conductor para robarle su automóvil

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En una madrugada marcada por la violencia, un conductor se convirtió en víctima de un violento asalto en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, cuando cuatro sujetos lo interceptaron y, bajo amenaza con armas de fuego y cuchillos, le robaron su vehículo. El hecho, ocurrido mientras la víctima esperaba a un amigo en las inmediaciones de un servicentro, dejó en evidencia la preocupación creciente por la seguridad en ciertos sectores de la conurbación penquista y generó reacciones de vecinos y comerciantes ante lo que califican como una escalada de hechos delictivos en horas de la madrugada.

El asalto se produjo en calle Los Canelos, en el sector Villa San Pedro, alrededor de las primeras horas de este miércoles. La víctima se encontraba en su Nissan Kicks color plateado, modelo 2022, cuando los cuatro antisociales aparecieron de manera sorpresiva, portando armas de fuego y cuchillos, intimidándolo para concretar el robo. Testigos cercanos al lugar describieron el momento como “rapidez y violencia combinadas”, donde no solo hubo amenazas verbales, sino también gestos que pusieron en riesgo la integridad del afectado.

Carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz concurrió al sitio tras recibir el llamado de vecinos, sin embargo, los delincuentes habían huido antes de la llegada policial. Hasta ahora, se desconoce el paradero tanto de los antisociales como del vehículo sustraído, lo que mantiene en alerta a los equipos policiales que ahora analizan cámaras de seguridad y posibles rutas de escape utilizadas por los autores.

La incidencia de este tipo de delitos ha generado una respuesta vecinal marcada por el temor y la indignación. Habitantes del sector dan cuenta de que en las últimas semanas se han producido varios actos delictivos en horarios nocturnos y madrugada, lo que ha derivado en una modificación silenciosa de sus rutinas: evitar transitar por determinadas calles, coordinar encuentros diurnos o incluso optar por aplicaciones de transporte compartido para desplazarse con mayor sensación de seguridad.

Un taxista que frecuenta la zona relató que, como medida propia de prevención, ahora sólo acepta pagos con tarjeta, evitando el efectivo en su vehículo ante el temor de ser abordado por individuos que puedan intentar asaltar a pasajeros o conductores. Esta es una señal de la desconexión creciente entre seguridad y normalidad en algunos sectores que históricamente eran considerados tranquilos.

Por ahora, Carabineros mantiene un despliegue operativo focalizado en patrullajes preventivos y revisión de puntos críticos, en coordinación con la fiscalía local, con la finalidad de detener a los responsables. La comunidad local ha solicitado además reforzar la iluminación pública y la instalación de cámaras de vigilancia en sectores clave, como medida disuasiva ante la delincuencia.

El robo de vehículos bajo intimidación con armas ha sido una constante preocupación en distintas comunas cercanas a Concepción, y este nuevo episodio refuerza la urgencia de estrategias integrales de seguridad ciudadana que permitan devolver la tranquilidad a quienes circulan por las calles de San Pedro de la Paz, tanto de día como de noche.

Corma en alerta: advierten sobre el impacto del nuevo arancel global de EEUU

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La Corporación Chilena de la Madera (Corma) advirtió sobre los efectos que podría generar un nuevo arancel global anunciado por Estados Unidos, e hizo un llamado a que Chile mantenga su posicionamiento estratégico como proveedor relevante de productos forestales en ese mercado. La preocupación se concentra en cómo la medida podría alterar la competitividad del sector, especialmente en la Región del Biobío, uno de los principales polos forestales del país.

Desde el gremio señalaron que el mercado estadounidense es clave para las exportaciones de madera y productos derivados, por lo que cualquier modificación arancelaria tiene impacto directo en precios, volúmenes y contratos vigentes. En ese escenario, enfatizaron la necesidad de que Chile refuerce su imagen como socio confiable, con estándares de calidad y cumplimiento que lo distingan frente a otros competidores internacionales.

Corma subrayó que el país cuenta con ventajas comparativas consolidadas, como una industria tecnificada y una cadena productiva integrada. No obstante, advirtió que la introducción de aranceles globales puede modificar las reglas del juego y obligar a una revisión de estrategias comerciales y diplomáticas.

El gremio también destacó la importancia de la coordinación entre el sector privado y el Gobierno para monitorear los alcances de la medida y evaluar eventuales acciones en el marco de acuerdos comerciales vigentes. La prioridad, indicaron, es resguardar el acceso al mercado estadounidense y evitar que la industria chilena pierda espacio frente a proveedores de otras latitudes.

En la Región del Biobío, donde la actividad forestal genera empleo directo e indirecto en múltiples comunas, el debate adquiere especial relevancia. La estabilidad de las exportaciones no solo impacta a grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas firmas vinculadas a servicios logísticos, aserraderos y manufactura.

Desde Corma recalcaron que el desafío es sostener la competitividad en un escenario internacional más incierto, fortaleciendo la innovación y el valor agregado. Mantener la “relevancia” en Estados Unidos, concluyeron, será determinante para la proyección del sector forestal chileno en los próximos años.

Embajador de China expresa interés de invertir en Tomé tras visitar zona por incendios

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Una señal concreta de interés económico dejó la visita del embajador de China a la comuna de Tomé, en la Región del Biobío, luego de recorrer sectores afectados por los incendios forestales que impactaron a la zona durante la temporada estival. La autoridad diplomática manifestó la disposición de su país para explorar futuras inversiones en el territorio, en un gesto que combina cooperación tras la emergencia y proyección estratégica de mediano plazo.

Durante el recorrido, el representante chino conoció en terreno los efectos que dejaron los siniestros en áreas productivas y residenciales, sosteniendo encuentros con autoridades locales y regionales. En la instancia se abordaron no solo las tareas de reconstrucción, sino también las oportunidades que podrían surgir a partir de la reactivación económica, especialmente en sectores vinculados a la industria forestal, el desarrollo portuario y la infraestructura.

Desde el municipio valoraron la visita, subrayando que se trata de una señal relevante en un momento donde Tomé busca fortalecer su matriz productiva tras los incendios. La posibilidad de atraer capital extranjero aparece como una alternativa para dinamizar el empleo y consolidar proyectos que permitan diversificar la actividad económica comunal.

El embajador destacó la importancia que China asigna a sus relaciones con Chile y particularmente con la Región del Biobío, zona estratégica por su capacidad industrial y portuaria. En ese contexto, indicó que existen espacios para ampliar la cooperación bilateral, tanto en inversión directa como en intercambio tecnológico y comercial.

Autoridades regionales coincidieron en que la reconstrucción debe ir acompañada de una mirada de largo plazo, que incorpore estándares de sustentabilidad y resiliencia frente a futuros eventos climáticos extremos. La eventual llegada de capital chino podría alinearse con esos objetivos, siempre que los proyectos consideren criterios ambientales y sociales acordes a la normativa vigente.

La visita se enmarca en una agenda diplomática más amplia, pero dejó instalada una expectativa concreta: que la tragedia de los incendios se transforme también en una oportunidad para fortalecer vínculos internacionales y abrir nuevas rutas de desarrollo para Tomé y la Región del Biobío.

Amenazas de muerte: alcaldes de Mulchén y Quilaco piden reforzar seguridad

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Los alcaldes de Quilaco y Mulchén, comunas que forman parte de la trama urbana y rural de la Región del Biobío, hicieron un llamado público para reforzar los mecanismos de protección y seguridad frente al aumento de amenazas de muerte dirigidas a autoridades locales. La solicitud se produce en un contexto de preocupación creciente, no solo por la violencia física, sino por la percepción de que los mandos comunales también pueden ser objetivo de grupos que buscan coaccionar decisiones o imponer agendas mediante la intimidación.

Desde Quilaco, el alcalde Pablo Urrutia ha señalado que ninguna comuna está exenta de estos fenómenos, y enfatizó que las amenazas contra jefes comunales no solo buscan condicionar determinaciones administrativas, sino que constituyen un ataque al funcionamiento mismo de la democracia local. Urrutia ha pedido un fortalecimiento de la inteligencia policial y un despliegue de recursos destinados a anticiparse a estos actos, en lugar de responder una vez que ya se han materializado.

Por su parte, el jefe comunal de Mulchén, José Miguel Muñoz, alertó sobre la sofisticación creciente del “modus operandi” de las bandas criminales detrás de estas amenazas. Según Muñoz, estas advertencias no siempre tienen un vínculo directo con hechos delictivos locales, pero sí actúan como instrumento de presión social o política. Esto, a su juicio, obliga a profundizar los protocolos de seguridad y a mejorar la coordinación entre cuerpos policiales, servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior.

Ambos alcaldes coincidieron en afirmar que si bien sus comunas no presentan índices delictuales comparables con las grandes metrópolis, la sola presencia de amenazas de muerte hacia autoridades es motivo suficiente para redoblar esfuerzos en prevención. Más allá de cifras concretas, lo que preocupa es la dirección que podrían tomar estos hechos si no son abordados con políticas integrales que incluyan tanto a las policías como a las comunidades.

La llamada de atención de estas autoridades locales se produce luego de informes que han revelado un incremento de amenazas similares en otras regiones del país, especialmente en el ámbito metropolitano. Esto ha encendido las alertas a nivel nacional. Urrutia y Muñoz coinciden en que la prevención del delito y el combate a las amenazas deben constituir una prioridad gubernamental, con recursos destinados no sólo a investigación reactiva, sino a fortalecer la presencia policial y la capacidad de respuesta inmediata en zonas rurales y urbanas por igual.

En este sentido, también instan a que se actualicen y simplifiquen los mecanismos legales para perseguir eficazmente a quienes profieren amenazas, evitando que queden impunes por rigideces procesales. El llamado es a trabajar de manera colaborativa entre los gobiernos regional y central para proteger a quienes ocupan un rol público, a la vez que se da garantías de seguridad a la ciudadanía en general.