Un exhaustivo informe de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa la gestión del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, el principal centro de salud pública en la Región del Biobío, al detectar miles de licencias médicas sin respaldo clínico ni trazabilidad formal. El documento de auditoría, que abarcó el periodo 2023–2024, expone debilidades de control interno que podrían tener implicancias administrativas y financieras de importancia para la institución y la salud pública regional.
Según el análisis oficial, un total de 12.347 licencias médicas electrónicas fueron emitidas desde el hospital sin que exista registro alguno en las fichas clínicas que vinculen la emisión de esos permisos con una atención médica efectivamente realizada. Esto implica que miles de trabajadores habrían accedido a permisos de reposo sin que exista constancia formal de evaluación, tratamiento o diagnóstico, lo cual contraviene protocolos básicos de práctica clínica y de gestión interna.
Además, la Contraloría detectó casos sorprendentes de emisión de permisos entre colegas sin documentación de atención entre paciente y profesional. Lo que en el argot institucional se ha conocido como “permisos de pasillo” —por su informalidad y falta de soporte clínico— pone en evidencia fallas graves en el sistema de control de licencias dentro del hospital, según el organismo fiscalizador.
Otro hallazgo crítico fue el descubrimiento de que 8.126 licencias fueron emitidas por profesionales que ya no formaban parte de la dotación activa del hospital, pero cuyos perfiles informáticos no habían sido desactivados, permitiéndoles seguir operando como si aún ejercieran funciones. Esta falla de gestión de acceso agrava las interrogantes sobre el resguardo de información y el control de permisos.
Tal vez uno de los aspectos más llamativos de la auditoría fue que 65 médicos emitieron 1.217 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban en reposo total, una situación que la misma Contraloría advirtió podría constituir una contravención a la normativa de salud laboral y ética profesional. El informe instruye remitir estos antecedentes a las instancias competentes para que se determinen las responsabilidades correspondientes.
En términos económicos, el reporte revela que entre 2023 y 2024 se registraron $134 millones en licencias rechazadas, pero que al momento de la auditoría solo se había recuperado una mínima parte de esos recursos, lo que exhibe problemas en la aplicación de descuentos y procedimientos de compensación.
Frente a estos resultados, el hospital ha abierto sumarios internos y deberá adoptar medidas correctivas urgentes para fortalecer sus mecanismos de control de licencias médicas. La situación abre preguntas sobre la transparencia, la gestión de recursos y la supervisión de procesos clínicos en una institución que, a diario, atiende miles de consultas y procedimientos en la Región del Biobío.
