Una fuerte controversia política se instaló en la provincia de Arauco luego que el exdelegado presidencial Humberto Toro acusara la existencia de vínculos entre empresarios de derecha y grupos radicales que operan en la zona, en medio del debate por el recrudecimiento de hechos de violencia registrados en la macrozona sur. Las declaraciones de la exautoridad generaron reacciones inmediatas y reabrieron la discusión sobre las redes de financiamiento y apoyo que podrían existir detrás de atentados y otros delitos cometidos en el territorio.
Toro sostuvo que detrás de las orgánicas radicales que se adjudican ataques incendiarios existe una estructura ligada al crimen organizado, asegurando que en la provincia no solo se registran hechos asociados a reivindicaciones territoriales, sino también delitos vinculados al robo de madera, robo de vehículos, tráfico de drogas y armas. Según planteó, estos grupos estarían utilizando el conflicto como una cobertura para actividades delictuales con fines económicos. “Detrás de eso está la plata. Pasaron del robo de la madera a la droga, al robo de vehículos, etc. Son delincuentes aprovechando las características del territorio”, afirmó.
La exautoridad fue más allá y aseguró que en algunos atentados ocurridos en la provincia, entre ellos el caso Grollmus, las armas utilizadas habrían sido facilitadas por empresarios locales vinculados a sectores de derecha. Además, indicó que una de las personas apuntadas por tráfico de armas colaboró posteriormente con la investigación que permitió la detención de 22 involucrados en ese ataque, lo que, a su juicio, da cuenta de una compleja red de intereses en torno a la violencia en la zona.
Las declaraciones provocaron respuesta desde el mundo político. La diputada republicana Paz Charpentier rechazó los dichos y cuestionó la relación planteada por Toro entre la falta de empleo en la provincia y el ingreso de personas a grupos radicales, abriendo una nueva disputa sobre el diagnóstico respecto a la situación de seguridad en la zona.
En ese contexto, Toro insistió en que la desarticulación de estas estructuras requiere una estrategia integral, señalando que el combate a estos grupos debe considerar presencia del Estado, mayores oportunidades laborales y persecución policial. Sus dichos vuelven a poner en el centro del debate la compleja realidad de seguridad que enfrenta la provincia de Arauco y parte de la Región del Biobío.
