El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, confirmó que el Ejecutivo impulsará una serie de ajustes a la implementación de la ley de 40 horas, los que se materializarán a través de dictámenes administrativos.
La medida se da en el contexto de la próxima etapa de reducción de la jornada laboral, prevista para el 26 de abril, cuando las empresas deberán pasar de 44 a 42 horas semanales, avanzando gradualmente hacia el nuevo límite legal.
Entre los puntos que el Gobierno busca revisar se encuentran aspectos como la aplicación de la banda horaria, las excepciones contempladas en el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo y el tratamiento del tiempo destinado a colación.
Uno de los focos del debate es precisamente la contabilización de la hora de almuerzo. Actualmente, la Dirección del Trabajo establece que la reducción de la jornada no puede aplicarse sobre ese período. Sin embargo, desde el Ejecutivo plantean la necesidad de analizar cómo este tiempo se integra dentro del cómputo total de horas trabajadas.
En el ámbito empresarial, el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, sostuvo que bajo ninguna circunstancia debiese reducirse el tiempo destinado a colación, enfatizando su importancia para los trabajadores.
Otro de los aspectos en revisión es la flexibilidad horaria para padres y cuidadores de menores de 12 años. Actualmente, la normativa permite ajustar la jornada en un margen de hasta una hora, aunque el Gobierno considera que la interpretación vigente es restrictiva y propone abrir espacio a acuerdos entre empleadores y trabajadores.
Desde el sector privado, el exlíder de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, valoró esta posibilidad, señalando que permitiría mayor autonomía en la organización de la jornada laboral.
En contraste, desde el mundo sindical surgieron reparos. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, advirtió que este tipo de cambios podría debilitar certezas laborales, al introducir mayores niveles de flexibilidad en una normativa orientada a proteger derechos.
Finalmente, el Ejecutivo también evalúa modificar los criterios asociados al artículo 22, que regula a trabajadores sin horario fijo, como cargos directivos o sin supervisión directa, con el objetivo de ampliar su aplicación.
Las definiciones se conocerán en las próximas semanas, en medio de un debate que enfrenta visiones sobre flexibilidad laboral y resguardo de condiciones de trabajo.
