Una nueva entrega del sondeo Plaza Pública de Cadem evidenció una caída en el nivel de aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 51%, seis puntos menos que en la medición anterior. En paralelo, su desaprobación subió al 42%, también con un incremento de seis puntos.
El descenso en el respaldo se concentró principalmente en ciertos segmentos, como mujeres, personas entre 35 y 54 años, habitantes de la Región Metropolitana y sectores socioeconómicos más bajos. Asimismo, se registraron caídas relevantes entre quienes no participaron en la última elección y entre votantes de otros candidatos presidenciales.
En el ámbito económico, la encuesta abordó la percepción sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Un 48% de los consultados se mostró a favor de que el Gobierno recurra a endeudamiento para subsidiar el sistema, incluso si ello implica un mayor déficit fiscal. En contraste, un 30% considera que el mecanismo debería eliminarse y permitir que los precios fluctúen libremente.
El estudio también revela una alta sensibilidad frente a eventuales alzas en el precio de los combustibles. Un 83% de los encuestados señaló que un incremento significativo tendría un fuerte impacto en su vida cotidiana. Además, un 60% anticipa dificultades económicas severas, mientras que proporciones similares reducirían otros gastos o modificarían sus hábitos de consumo, incluyendo el uso del automóvil y la compra de combustibles para calefacción.
En materia migratoria, el sondeo muestra amplio conocimiento del denominado Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Ejecutivo, así como de la construcción de una zanja en la frontera norte. Estas medidas cuentan con un 63% de aprobación.
Asimismo, se observa una percepción mayoritariamente crítica respecto de la migración: un 62% considera que la llegada de extranjeros es negativa para el país y un 77% estima que deberían endurecerse las restricciones actuales.
Entre las medidas con mayor respaldo destacan la fiscalización y sanción a empleadores que contraten personas en situación irregular, la limitación de beneficios sociales, la expulsión de migrantes irregulares y la eventual tipificación de la inmigración ilegal como delito con penas de cárcel.
Los resultados reflejan un escenario de opinión pública marcado por preocupaciones económicas y un endurecimiento de las posturas frente al fenómeno migratorio, en un contexto de ajustes en la evaluación del Gobierno.
