Una fuerte señal de preocupación manifestaron más de 240 organizaciones socioambientales y entidades científicas, junto a numerosos particulares, luego de que el Gobierno decidiera retirar 43 decretos vinculados a políticas de calidad del aire, descontaminación y protección ambiental.
La medida, impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast, fue justificada desde el Ejecutivo como parte de un proceso de revisión destinado a asegurar que estas normativas cumplan con los estándares técnicos y legales vigentes. En esa línea, se informó que los decretos serán reingresados para su análisis ante la Contraloría General de la República.
Sin embargo, desde la sociedad civil advierten que esta decisión podría traducirse en retrocesos en materias clave como la salud pública, la protección del medioambiente y la calidad de vida de las comunidades.
Entre los instrumentos retirados —elaborados entre 2023 y 2026— se incluyen normas de calidad ambiental, regulaciones de emisión para sectores productivos, planes de adaptación al cambio climático y disposiciones relacionadas con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Asimismo, se verían afectadas iniciativas como la protección de especies emblemáticas y la creación de nuevas áreas protegidas en distintas zonas del país.
A través de una carta pública, las organizaciones firmantes cuestionaron la decisión, señalando que la suspensión de estos decretos posterga herramientas consideradas fundamentales para avanzar en estándares ambientales más exigentes. “Se envía una señal preocupante, al retrasar la implementación de medidas largamente trabajadas”, advierten en el documento.
Junto con ello, acusaron falta de reconocimiento hacia los procesos participativos que dieron origen a estas normativas, en los que —afirman— intervinieron diversos actores sociales, científicos y productivos. En ese contexto, hicieron un llamado al Ejecutivo a transparentar los criterios de revisión y a abrir instancias de diálogo con la sociedad civil.
Desde el Gobierno, en tanto, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la decisión, indicando que es habitual que una nueva administración revise los actos administrativos heredados. Según explicó, especialmente cuando estos fueron ingresados en etapas finales del gobierno anterior, resulta razonable someterlos a un nuevo análisis.
El secretario de Estado enfatizó que la medida no responde a una intención de desmantelar la política ambiental, sino a la necesidad de revisar su coherencia normativa antes de su implementación definitiva.
Pese a ello, las organizaciones insistieron en la urgencia de otorgar certezas en materia ambiental, subrayando que este tipo de decisiones incide directamente en el bienestar de la población y en la protección de los ecosistemas, en un contexto marcado por la crisis climática.
