La controversia por el cobro de peaje en el Puente Industrial del Gran Concepción escaló a la esfera judicial, donde ahora una orden de no innovar busca paralizar este cobro hasta que se completen importantes obras pendientes, especialmente las conexiones con la Ruta 160, detonando un debate sobre legalidad y equidad en la infraestructura vial.
El caso se originó a partir de un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción por dirigentes sociales, abogados y organizaciones ciudadanas que denunciaron la “arbitrariedad” del cobro del peaje, dado que el puente se encuentra en una etapa provisoria de habilitación con trabajos esenciales aún por concretar.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha reconocido la condición de provisoria del viaducto, lo que se convierte en elemento central del argumento judicial para suspender el cobro del peaje, identificado con el sistema TAG, bajo la premisa de que no corresponde cobrar por un servicio cuya infraestructura no está 100% culminada. Entre los principales trabajos pendientes figura la conexión que permita a vehículos transitar desde Hualpén hacia San Pedro de la Paz y su vinculación total con la Ruta 160, fundamental para asegurar la utilidad plena del viaducto.
Abogados como Robert Contreras, junto a líderes sociales del Gran Concepción, han celebrado la admisión de esta orden de no innovar, al considerar que este paso podría obligar a las autoridades a revisar la legalidad de la concesión y la calidad de la puesta en servicio. Mientras tanto, el recurso permanece bajo análisis en la Corte, que deberá determinar si se mantiene la suspensión del cobro de peajes mientras se resuelve la controversia de fondo.
La discusión ha desatado múltiples opiniones en sectores ciudadanos, algunos de los cuales apoyan la medida judicial como forma de protección de usuarios ante un servicio incompleto, mientras que otros piden velocidad en la finalización de la obras como solución para equilibrar el tránsito, la economía local y la viabilidad del puente como infraestructura estratégica de movilidad regional.
