Un fallo del Juzgado del Trabajo dictaminó que la Municipalidad de Chiguayante deberá indemnizar a dos funcionarios de la Dirección de Salud Municipal tras acreditar situaciones de acoso laboral, un paso relevante en la jurisprudencia laboral de la región respecto de la protección de derechos en entornos públicos de trabajo.
Según lo establecido en el fallo, los empleados demostraron haber sido objeto de trato “detrimental y sistemático” en el ejercicio de sus funciones, lo que llevó al tribunal a ordenar el pago de una indemnización económica y la implementación de clases de capacitación sobre acoso laboral al interior del municipio, como medida correctiva.
El concejal Carlos Hidalgo, sin embargo, planteó una interpretación distinta del fallo, cuestionando que la responsabilidad por la reparación económica recayera sobre la institución y sugirió que debería analizarse si el trabajador denunciado debiera asumir parte de la carga. En respuesta, desde la Municipalidad confirmaron que la determinación judicial fue apelada, por lo que el caso podría extenderse a instancias superiores.
El acoso laboral, entendido como conductas repetidas que buscan degradar el ambiente de trabajo o la dignidad de un funcionario, ha sido objeto de creciente atención pública. La resolución en Chiguayante se suma a otros fallos que buscan establecer criterios más claros para identificar y sancionar este tipo de prácticas en el sector público, promoviendo espacios laborales más seguros y respetuosos.
Independientemente del resultado de la apelación, el caso ha incentivado a otras organizaciones sindicales y funcionarios municipales de la región a revisar políticas internas de recursos humanos y mecanismos de denuncia, con el objetivo de prevenir y abordar estas situaciones de manera temprana y eficaz.
