Un total de 104 gremios de pequeñas y medianas empresas, encabezados por la Multigremial Nacional de Emprendedores, hicieron pública este jueves una declaración conjunta en la que manifiestan su rechazo al proyecto de sala cuna universal impulsado por el Gobierno y actualmente en debate en el Congreso.
Según las organizaciones, la propuesta —que busca garantizar el acceso a sala cuna para hijos e hijas de trabajadores— impone costos “desproporcionados” a las micro y pequeñas empresas, que hasta ahora estaban exentas de este tipo de obligaciones cuando contaban con menos de 20 trabajadoras.
Los gremios aseguran que, aunque respaldan la idea de ampliar el acceso a sala cuna, no están de acuerdo con el diseño actual, pues establece la obligación para todas las empresas sin distinguir tamaño ni número de trabajadores. Incluso, advierten, se aplicaría a empleadores de trabajadoras de casa particular.
Las agrupaciones sostienen que la iniciativa podría desincentivar la contratación de mujeres en edad fértil, profundizando brechas laborales y afectando especialmente a las pymes en regiones, donde la cesantía y el envejecimiento demográfico ya generan presión sobre el mercado laboral.
“Cotizar sí, dotar no”
De acuerdo con la declaración, la experiencia internacional muestra que los empleadores pueden asumir una cotización, pero es el Estado quien debe ofrecer la infraestructura y garantizar el servicio. En cambio, el proyecto del Ejecutivo —afirman— obliga a las pymes a financiar tanto la cotización como la provisión de sala cuna, lo que elevaría considerablemente sus gastos.
Los gremios indican que la cotización de 0,2% (y luego 0,3%) del sueldo imponible implica un costo cercano a $2.000 por trabajador, cifra que consideran asumible. Sin embargo, advierten que el verdadero impacto surge cuando no existe una sala cuna acreditada cerca o cuando la trabajadora no puede acceder a ella por motivos de distancia, transporte o turnos nocturnos. En esos casos, el empleador debería financiar directamente el servicio.
La misiva recuerda que el proyecto estimaba inicialmente un costo de $260.000 por sala cuna, mientras que el valor real promedio supera los $550.000. Así, calculan que una pyme tendría que cubrir una diferencia de $290.000 mensuales, lo que suma más de $5,5 millones por hija o hijo durante 19 meses de uso del beneficio.
Incertidumbre por costos
El monto definitivo que deberán cubrir las empresas quedaría a criterio de un comité de ministros, lo que —según los gremios— genera incerteza para las mipymes, que desconocen los precios referenciales que fijará el Estado.
También advierten que, si un trabajador solicita el beneficio vía Dirección del Trabajo y la empresa no puede otorgarlo, podría enfrentar indemnizaciones que superarían los $9,6 millones por trabajador.
Además, mencionan que el proyecto contempla un costo adicional por los traslados de la madre para amamantar en la sala cuna, gasto que recaería igualmente en la empresa y cuyo alcance aún no está delimitado.
“Estamos frente a un mal proyecto que implica millones de pesos en nuevos costos para las micro y pequeñas empresas del país”, señala la declaración. Los gremios concluyen que la iniciativa debe modificarse para que el empleador solo cotice y sea el Estado quien provea la infraestructura y operación del servicio.
