Cerca de 30 mil funcionarios públicos del Gobierno Central están involucrados en procesos disciplinarios por presunto uso indebido de licencias médicas, según revela el séptimo informe consolidado elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), a partir de antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República.

El reporte se enmarca en la controversia desatada tras el informe difundido por Contraloría el 20 de mayo del año pasado, que detectó viajes, salidas recreativas y otras actividades incompatibles con períodos de reposo médico durante los años 2023 y 2024. La situación abrió un fuerte debate público y reactivó las discusiones sobre una eventual reforma al empleo público.

De acuerdo con la información consolidada, los servicios del Gobierno Central reportaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, vinculadas a 29.270 funcionarios. De ese universo, 23.745 personas continúan desempeñándose en sus cargos, mientras que 5.525 ya no forman parte de la administración pública, ya sea por renuncia u otras causales, incluso antes de que se conocieran los informes de Contraloría.

Pese a ello, 2.947 exfuncionarios siguen siendo objeto de sumarios administrativos, lo que eleva a 26.692 el total de casos que deben ser investigados formalmente.

Avance de los sumarios

Según detalla la Dipres, a la fecha se han instruido 25.352 sumarios administrativos. De estos, 21.098 aún se encuentran en tramitación, mientras que 4.254 ya cuentan con una resolución adoptada por el jefe superior del respectivo servicio.

En 2.711 casos, las resoluciones están pendientes de ejecución o de cierre definitivo, principalmente debido a recursos presentados por los propios funcionarios u otros procedimientos administrativos en curso. En tanto, 1.543 procesos ya se encuentran completamente cerrados, con resolución ejecutoriada.

De los casos concluidos, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, quedando sin sanción. En contraste, 262 personas fueron destituidas, lo que representa el 17% de los procesos cerrados y apenas el 1% del total de funcionarios cuyos sumarios fueron iniciados.

El resto de las sanciones se distribuye entre 584 funcionarios que recibieron censura, 65 que fueron suspendidos de sus funciones y 55 a quienes se les aplicó una multa administrativa. Desde la Dipres explicaron que los cierres sin sanción responden a situaciones que deben acreditarse durante la investigación y que, en todos los casos, son revisadas por la Contraloría General de la República antes de su validación.

Impacto fiscal y perfil de los casos

El informe también dimensiona el costo fiscal asociado a estas irregularidades. La duración promedio de las licencias cuestionadas fue de 22,1 días y, considerando una remuneración bruta mensual promedio de $1,9 millones, se estima que los funcionarios investigados recibieron alrededor de $36.876 millones durante períodos en que no habrían cumplido el reposo médico.

Adicionalmente, se informa que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra.

Al analizar la naturaleza de los casos, los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría indican que un 33% corresponde a salidas del país, un 21% a asistencia a casinos de juego y un 35% a viajes al extranjero realizados por funcionarios de servicios regionales. Otros casos se relacionan con atención de partos (1%), emisores investigados penalmente (5%) y salidas del país vinculadas a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (5%).

Cabe señalar que, incluso antes de que se hicieran públicos los viajes al extranjero de funcionarios con licencia médica entre 2023 y 2024, ya existían 5.182 funcionarios sumariados por mal uso de licencias.

Finalmente, el informe da cuenta de que 4.061 de los involucrados ingresaron al servicio público a partir del 11 de marzo de 2022, mientras que 23.667 corresponden a funcionarios incorporados durante administraciones anteriores.

Desde este mes ya se encuentra en vigencia un nuevo reajuste al alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU), medida que impacta directamente a más de 2,5 millones de personas a nivel nacional, según informó la Superintendencia de Pensiones (SP).

El incremento no solo alcanza a quienes reciben PGU, sino que también incluye a beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI). En total, son 2.533.193 las personas que ven reflejado este reajuste en febrero, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

De acuerdo con cifras oficiales al cierre de noviembre de 2025, 2.225.101 personas eran beneficiarias de la PGU. De ese total, 1.609.470 correspondían a PGU contributiva —es decir, quienes reciben el beneficio junto a una pensión autofinanciada—, mientras que 615.631 accedían a la PGU no contributiva, sin otro ingreso previsional adicional.

En cuanto a la distribución por género, la Superintendencia detalló que el 57,9% de los beneficiarios son mujeres y el 42,1% hombres. A nivel territorial, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con un 38% del total, seguida por Valparaíso (11,4%) y Biobío (9,3%).

Nuevos montos desde febrero de 2026

A partir del 1 de febrero, el monto mensual de la PGU para las personas menores de 82 años aumentó de $224.004 a $231.732, beneficiando a 1.818.839 personas. Este reajuste se calculó considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó un 3,45% entre enero y diciembre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el caso de los beneficiarios de 82 años o más, el ajuste fue distinto. Para este grupo, el incremento consideró solo la variación del IPC entre octubre y diciembre, que fue de 0,11%. Esto se debe a que, en septiembre de 2025, su PGU ya había sido elevada a $250.000 en el marco de la Reforma Previsional. Con el nuevo reajuste, el monto quedó fijado en $250.275.

La Superintendencia de Pensiones informó además que el instructivo con los nuevos valores fue enviado al Instituto de Previsión Social (IPS) el pasado 9 de enero. Dicho documento también contempla el aumento de la Pensión Inferior, que subió de $762.822 a $789.139 mensuales, y de la Pensión Superior, que pasó de $1.210.828 a $1.252.602.

Alcance del reajuste

Además de los beneficiarios de PGU, el reajuste de febrero beneficia a 204.192 personas que reciben PBSI y a 103.900 que perciben APSI. Este ajuste anual se realiza cada febrero, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°21.419, que dio origen a la Pensión Garantizada Universal en 2022.

Del total de beneficiarios de PGU, 406.262 personas tenían 82 años o más al cierre de noviembre, mientras que 1.818.752 eran menores de esa edad. En el segmento de PGU no contributiva, 500.081 personas acceden al beneficio, con una alta participación femenina, que alcanza el 71,2%.

Finalmente, la SP precisó que 153.934 personas reciben actualmente el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), de las cuales el 64,9% son mujeres. No obstante, este grupo no está afecto al reajuste de la PGU aplicado este mes.

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) dio a conocer la firma de un Memorándum de Entendimiento con la compañía Schneider Electric, alianza que busca fortalecer la transformación digital y mejorar la eficiencia energética en los procesos productivos de la principal empresa minera del país.

El acuerdo marca el inicio de una colaboración estratégica entre la estatal chilena y la firma de origen francés, reconocida a nivel mundial por su liderazgo en soluciones de electrificación, automatización y digitalización. Schneider Electric desarrolla tecnologías aplicadas a industrias, infraestructuras críticas, centros de datos y redes, con el objetivo de integrar sistemas de manera inteligente y sostenible.

Según detalló Codelco, el memorándum establece un marco de trabajo conjunto orientado a la innovación y la cocreación de soluciones tecnológicas avanzadas, que podrían implementarse en distintas etapas del ciclo minero. Esto incluye desde la fase de ingeniería y pruebas de concepto, hasta la operación, mantenimiento y optimización de activos en faena.

En un comunicado, la cuprífera estatal precisó que esta alianza permitirá avanzar en áreas clave para el desarrollo de la minería moderna, tales como la automatización de procesos industriales y sistemas eléctricos, el uso de analítica avanzada de datos, la optimización de procesos productivos, la incorporación de gemelos digitales, la gestión eficiente de la energía y el monitoreo predictivo de emisiones, entre otros ámbitos.

Uno de los ejes centrales del acuerdo será la combinación del conocimiento técnico y la experiencia minera de Codelco con las capacidades tecnológicas de Schneider Electric. En esa línea, el convenio contempla la realización de proyectos piloto, pruebas de nuevas soluciones, talleres de trabajo colaborativo e instancias de intercambio de conocimientos entre ambas organizaciones.

Asimismo, se considera el uso del Innovation Hub de Schneider Electric, centro de innovación que será inaugurado próximamente en Santiago, y que funcionará como un espacio para el desarrollo, testeo y validación de tecnologías orientadas a la industria minera y otros sectores productivos estratégicos.

Desde la estatal, el vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación, Julio Díaz, destacó que este tipo de alianzas son fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la minería. “Convertirnos en socios tecnológicos de una empresa como Schneider Electric nos permite avanzar hacia una minería más preparada, capaz de responder a las exigencias de productividad, sostenibilidad y eficiencia que hoy demanda la industria”, señaló.

En tanto, Jorge De la Rivera, vicepresidente de Automatización Industrial para Sudamérica de Schneider Electric, afirmó que el acuerdo refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de la minería chilena. “Nuestro objetivo es acompañar a Codelco y al sector minero en su proceso de transformación digital y en la transición hacia operaciones cada vez más eficientes, seguras y sostenibles”, sostuvo.

El Memorándum de Entendimiento tendrá una vigencia inicial de dos años, con opción de ser extendido, y servirá como base para identificar oportunidades concretas de colaboración. Los proyectos específicos que surjan de esta alianza deberán ser formalizados posteriormente mediante acuerdos particulares entre ambas partes.

Con este paso, Codelco busca seguir fortaleciendo su estrategia de innovación y modernización operacional, en un contexto marcado por la necesidad de aumentar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y mantener la competitividad de la minería chilena en los mercados internacionales.