Cerca de 30 mil funcionarios públicos del Gobierno Central están involucrados en procesos disciplinarios por presunto uso indebido de licencias médicas, según revela el séptimo informe consolidado elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), a partir de antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República.
El reporte se enmarca en la controversia desatada tras el informe difundido por Contraloría el 20 de mayo del año pasado, que detectó viajes, salidas recreativas y otras actividades incompatibles con períodos de reposo médico durante los años 2023 y 2024. La situación abrió un fuerte debate público y reactivó las discusiones sobre una eventual reforma al empleo público.
De acuerdo con la información consolidada, los servicios del Gobierno Central reportaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, vinculadas a 29.270 funcionarios. De ese universo, 23.745 personas continúan desempeñándose en sus cargos, mientras que 5.525 ya no forman parte de la administración pública, ya sea por renuncia u otras causales, incluso antes de que se conocieran los informes de Contraloría.
Pese a ello, 2.947 exfuncionarios siguen siendo objeto de sumarios administrativos, lo que eleva a 26.692 el total de casos que deben ser investigados formalmente.
Avance de los sumarios
Según detalla la Dipres, a la fecha se han instruido 25.352 sumarios administrativos. De estos, 21.098 aún se encuentran en tramitación, mientras que 4.254 ya cuentan con una resolución adoptada por el jefe superior del respectivo servicio.
En 2.711 casos, las resoluciones están pendientes de ejecución o de cierre definitivo, principalmente debido a recursos presentados por los propios funcionarios u otros procedimientos administrativos en curso. En tanto, 1.543 procesos ya se encuentran completamente cerrados, con resolución ejecutoriada.
De los casos concluidos, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, quedando sin sanción. En contraste, 262 personas fueron destituidas, lo que representa el 17% de los procesos cerrados y apenas el 1% del total de funcionarios cuyos sumarios fueron iniciados.
El resto de las sanciones se distribuye entre 584 funcionarios que recibieron censura, 65 que fueron suspendidos de sus funciones y 55 a quienes se les aplicó una multa administrativa. Desde la Dipres explicaron que los cierres sin sanción responden a situaciones que deben acreditarse durante la investigación y que, en todos los casos, son revisadas por la Contraloría General de la República antes de su validación.
Impacto fiscal y perfil de los casos
El informe también dimensiona el costo fiscal asociado a estas irregularidades. La duración promedio de las licencias cuestionadas fue de 22,1 días y, considerando una remuneración bruta mensual promedio de $1,9 millones, se estima que los funcionarios investigados recibieron alrededor de $36.876 millones durante períodos en que no habrían cumplido el reposo médico.
Adicionalmente, se informa que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra.
Al analizar la naturaleza de los casos, los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría indican que un 33% corresponde a salidas del país, un 21% a asistencia a casinos de juego y un 35% a viajes al extranjero realizados por funcionarios de servicios regionales. Otros casos se relacionan con atención de partos (1%), emisores investigados penalmente (5%) y salidas del país vinculadas a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (5%).
Cabe señalar que, incluso antes de que se hicieran públicos los viajes al extranjero de funcionarios con licencia médica entre 2023 y 2024, ya existían 5.182 funcionarios sumariados por mal uso de licencias.
Finalmente, el informe da cuenta de que 4.061 de los involucrados ingresaron al servicio público a partir del 11 de marzo de 2022, mientras que 23.667 corresponden a funcionarios incorporados durante administraciones anteriores.
