La última declaración de Luis Hermosilla ante la Fiscalía Regional de Valparaíso incorporó nuevos antecedentes sobre pagos en efectivo, gestiones judiciales y conversaciones relacionadas con candidatos a cargos en tribunales. El abogado declaró el pasado 27 de agosto ante las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione.
Hermosilla reconoció que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera recibió, junto al abogado Samuel Donoso, pagos en efectivo cercanos a 100 UF mensuales para cada uno. Según explicó, esos montos correspondían a “gestiones judiciales” relacionadas con causas que enfrentaban autoridades de esa administración, especialmente aquellas vinculadas con el estallido social y posteriormente con la pandemia.
De acuerdo con su relato, no existía una transferencia bancaria ni un contrato con el Presidente, y tampoco emitió boletas por esos montos. El dinero se habría acumulado y entregado normalmente cada tres meses, en efectivo. Primero, dijo, los pagos eran enviados por Benjamín Salas Kantor y posteriormente por Andrés Sotomayor.
Hermosilla también mencionó a Andrés Chadwick cuando las fiscales le preguntaron quién les había comunicado que esos pagos existirían. Sin embargo, precisó que no recordaba exactamente si había sido Chadwick o Salas. Al mismo tiempo, afirmó que la iniciativa había sido de Sebastián Piñera, aunque señaló que nunca conversó directamente con el exmandatario sobre esos pagos.
Otro aspecto abordado fue el de los nombramientos judiciales. Hermosilla relató conversaciones con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik sobre perfiles para ocupar cargos en tribunales. Según su declaración, estas materias también eran discutidas recurrentemente con Héctor Mery.
Los antecedentes habrían involucrado tribunales de Santiago, San Miguel y Valparaíso, además de la Corte Suprema. Hermosilla sostuvo que Zaliasnik tenía más acceso que él a algunos ministros de las cortes y afirmó no recordar si finalmente realizó una gestión solicitada en un caso de prisión preventiva.
La investigación también contiene antecedentes sobre candidatos a cargos judiciales, entre ellos Antonio Ulloa, cuya llegada a la Corte de Apelaciones de Santiago es materia de una investigación y una querella del Consejo de Defensa del Estado contra Samuel Donoso por presunto soborno.
