Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca retirar el beneficio de gratuidad en la educación superior a estudiantes universitarios que sean condenados por delitos de carácter grave.
La iniciativa surge tras el incidente ocurrido durante una actividad en la Universidad Austral de Chile, donde la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry Lincolao, fue agredida, situación que generó críticas desde distintos sectores políticos.
El anuncio fue realizado por el diputado Sergio Bobadilla, presidente de la comisión de Educación de la Cámara, junto a sus colegas Ricardo Neumann y Omar Sabat. Los legisladores señalaron que la propuesta busca reforzar las medidas contra hechos de violencia dentro de espacios educativos.
Actualmente existe una discusión legislativa relacionada con el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Gobierno, que contempla impedir el acceso a gratuidad a estudiantes secundarios que hayan sido condenados por actos violentos. Sin embargo, los diputados gremialistas plantearon que esta restricción también debería aplicarse a alumnos de educación superior.
Según explicaron, el objetivo es establecer que los estudiantes universitarios que cometan delitos graves —incluso si ya cuentan con el beneficio— pierdan el financiamiento estatal para sus estudios.
El diputado Bobadilla sostuvo que no resulta aceptable que recursos públicos financien la formación de personas que han sido condenadas por delitos graves. A su juicio, la gratuidad no puede desligarse del comportamiento y las responsabilidades de quienes acceden a ese beneficio.
En la misma línea, Sabat indicó que extender esta inhabilidad a estudiantes universitarios sería una medida coherente, considerando la gravedad de ciertos hechos que han ocurrido en contextos educativos.
De acuerdo con los detalles adelantados por los parlamentarios, el proyecto buscará incorporar una nueva causal de pérdida de gratuidad para quienes sean condenados por delitos graves contra la vida, la integridad física de las personas, la propiedad o la infraestructura pública.
Por su parte, Neumann afirmó que el episodio que afectó a la ministra constituye una señal de alerta respecto de la violencia en entornos universitarios. En ese sentido, señaló que las universidades deben ser espacios de diálogo y formación, por lo que —según planteó— es necesario establecer consecuencias claras ante este tipo de conductas.
