La Fiscalía Nacional Económica concluyó que no existe discriminación arbitraria en el cálculo de los aranceles regulados de la educación superior asociados a la política de gratuidad. No obstante, el organismo recomendó una serie de ajustes al sistema con el objetivo de fortalecer la transparencia y resguardar la competencia en el sector.
Las conclusiones fueron presentadas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de una consulta realizada por diversas universidades, entre ellas Universidad Finis Terrae, Universidad de Las Américas, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Central de Chile, Universidad Bernardo O’Higgins, Universidad Mayor y Universidad Santo Tomás.
En el análisis, la FNE revisó las resoluciones de la Subsecretaría de Educación Superior que fijan las bases técnicas para determinar aranceles, matrículas y cobros por titulación dentro del sistema de gratuidad.
Si bien el organismo descartó que exista discriminación excluyente en la regulación, detectó aspectos procedimentales y metodológicos que podrían afectar la competencia y que, a su juicio, deberían mejorarse.
Entre las recomendaciones se plantea establecer un procedimiento regulatorio más claro y estable, con plazos definidos y mecanismos de participación que permitan a las instituciones y a la Comisión de Expertos acceder de forma oportuna a la información utilizada en los cálculos.
Asimismo, la FNE sugirió reforzar el rol técnico de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles y revisar la metodología utilizada para fijar los valores, de modo que cuente con un respaldo técnico-económico más sólido.
El informe también advierte que algunas debilidades del modelo podrían afectar, en el mediano plazo, los incentivos para invertir en calidad por parte de las universidades adscritas al sistema de gratuidad, e incluso provocar una reducción de vacantes en carreras que presenten menor financiamiento.
