Vecinos afectados por los incendios forestales que arrasaron sectores de Tomé y Penco mantienen su presión sobre las autoridades para que las ayudas estatales consideren también a allegados y arrendatarios que perdieron sus hogares en la tragedia. Dirigentes sociales sostienen que la reconstrucción no puede limitarse únicamente a quienes eran propietarios de las viviendas destruidas.
Las comunidades afectadas insisten en que existe una cantidad importante de familias que vivían como allegadas o arrendaban en los inmuebles que resultaron consumidos por el fuego, situación que hoy los deja en una condición de alta vulnerabilidad y con dificultades para acceder a beneficios habitacionales.
En la zona, el avance del proceso de reconstrucción sigue siendo observado con atención por las organizaciones vecinales, que temen que parte de los damnificados quede fuera de los programas de apoyo. A juicio de los dirigentes, las políticas de emergencia deben reconocer la diversidad de situaciones habitacionales que existen en los barrios afectados por la catástrofe.
El debate se intensifica además en medio del proceso de levantamiento de soluciones transitorias y definitivas para las familias que perdieron sus casas. En este contexto, dirigentes han advertido que no basta con las viviendas de emergencia si no existe un plan claro para quienes no eran propietarios.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el acceso a subsidios de arriendo y otras ayudas económicas. Dirigentes han insistido en que la reconstrucción debe ser inclusiva para evitar que familias queden sin respaldo institucional.
Desde las comunidades afectadas recalcan que las autoridades deben entregar definiciones prontas. Según plantean, la reconstrucción debe considerar todas las realidades presentes en los sectores afectados, recordando que muchas viviendas albergaban más de un grupo familiar.
