Una serie de allanamientos ocurridos en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, en la Región del Biobío, detonó un proceso judicial que ha puesto bajo escrutinio el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos dentro de un establecimiento destinado a jóvenes privados de libertad. En diciembre último, personal de Gendarmería ingresó en múltiples oportunidades al recinto —el 24 y 31 de diciembre— y nuevamente durante la primera semana de enero, lo que culminó en la constatación de una grave vulneración de derechos: adolescentes bajo custodia fueron obligados a desnudarse durante estos procedimientos.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió los recursos presentados por la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organizaciones que denunciaron un trato “humillante e innecesario” durante los allanamientos. En respuesta, el tribunal ordenó la apertura de sumarios administrativos para investigar el actuar del personal de Gendarmería y solicitó que el juez de Garantía de Coronel concurra al CIP para tomar declaración a los jóvenes afectados y elevar los antecedentes ante el Ministerio Público.
Según el fallo judicial, constatado por la Corte penquista, funcionarios de Gendarmería habrían obligado a los internos a desvestirse en presencia de otros agentes y personal del Servicio de Reinserción Social Juvenil, lo que fue calificado como un uso desmedido de la fuerza que contraviene protocolos y estándares de protección de derechos fundamentales. El defensor regional en el Biobío, Osvaldo Pizarro, destacó que la sentencia repara una situación denunciada por las mismas organizaciones de derechos humanos desde diciembre, cuando las primeras quejas comenzaron a circular.
El contexto de estos allanamientos se vinculó a episodios de violencia al interior del CIP que, según antecedentes judiciales, obligaron incluso a algunos funcionarios a resguardarse en oficinas durante las diligencias. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias autoriza la desnudación de internos, especialmente cuando se trata de adolescentes, lo que es percibido por los querellantes como un trato degradante.
La decisión del tribunal implica un llamado a revisar procedimientos internos en los recintos de internación juvenil, asegurar el respeto pleno a los derechos de los menores de edad y garantizar que la respuesta institucional a hechos de violencia no derive en prácticas contrarias a la normativa nacional e internacional de derechos humanos. La próxima etapa del proceso será la visita del juez de Garantía al CIP de Coronel para constatar de primera fuente las circunstancias denunciadas y avanzar así en la transparencia de las investigaciones abiertas.
