La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tomó distancia de la posibilidad de priorizar modificaciones a la extracción de jibia en el Biobío y aseguró que actualmente no es el momento de concentrar los esfuerzos en esa discusión.
La postura se relaciona con un proyecto que busca permitir el uso del arrastre de media agua para capturar este recurso. Desde Subpesca aclararon que la iniciativa no fue impulsada por el Ejecutivo, no cuenta con patrocinio del Gobierno y tampoco tiene urgencia legislativa, por lo que su eventual avance dependerá de la discusión en el Congreso.
El organismo sí reconoció el derecho del sector industrial a capturar el 10% de la jibia establecido en la Ley de Fraccionamiento. Según lo planteado, esta actividad podría contribuir a generar empleos y dinamizar la economía regional.
Además, desde la Subsecretaría señalaron que no existe una objeción al uso del arrastre de media agua en sí mismo, debido a que, cuando se emplea correctamente, puede tratarse de un método selectivo y con bajo impacto sobre otras especies.
Sin embargo, la autoridad pesquera sostuvo que las prioridades actuales son otras, especialmente debido a los daños provocados por los últimos sistemas frontales que afectaron a distintas zonas costeras.
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, explicó que existen caletas afectadas, equipos dañados y pescadores que no han podido retomar normalmente sus actividades productivas.
“Actualmente existen caletas dañadas, equipos estropeados y pescadores que no han podido salir a trabajar. Hay cultivos de productos del mar que fueron afectados por las marejadas y el sedimento”, señaló.
En ese contexto, la autoridad indicó que la prioridad debe estar puesta en recuperar las condiciones necesarias para que los trabajadores del sector puedan volver a desarrollar sus actividades y entregar respuestas a las familias que resultaron afectadas por los temporales.
De esta manera, Subpesca mantiene una posición de cautela frente a eventuales cambios en las reglas para la captura de jibia, mientras el proyecto continúa su tramitación en el Congreso y la autoridad concentra sus esfuerzos en la recuperación de las caletas dañadas.
