Organizaciones ambientales presentaron una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) acusando incumplimientos en los procesos de cierre de centrales a carbón ya retiradas del sistema eléctrico, entre ellas las unidades Bocamina I y II, ubicadas en Coronel.
La acción fue ingresada por Greenpeace, Chile Sustentable y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quienes sostienen que, si bien 14 de las 28 termoeléctricas a carbón que operaban en 2019 ya fueron desconectadas, el cese de generación no ha ido acompañado —afirman— de un cierre ambiental completo.
Observaciones
En el Biobío, la denuncia apunta a Bocamina I, cerrada en 2020, y Bocamina II, que dejó de operar en 2022.
Según las ONG, en algunos casos no existirían planes de abandono formalizados o se mantendrían pendientes medidas como retiro de infraestructura, gestión de residuos, monitoreo posterior al cierre y remediación de suelos y cenizales.
El caso de Bocamina I presenta una particularidad: al haber iniciado operaciones antes del actual sistema de evaluación ambiental, no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aunque igualmente debe cumplir normativas sectoriales vigentes. En diciembre de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental para su desmantelamiento.
En el caso de Bocamina II, en cambio, sus resoluciones ambientales establecen obligaciones específicas para el cierre, incluyendo retiro de equipos, tratamiento de residuos y cobertura definitiva del vertedero de cenizas.
Transición energética
Las organizaciones sostienen que, sin una remoción efectiva de infraestructura y una recuperación ambiental integral, los territorios seguirían cargando con pasivos ambientales pese al avance de la descarbonización.
Desde el sector empresarial se ha señalado que los procesos contemplan etapas técnicas de aseguramiento, cierre y revegetación, mientras que las autoridades ambientales han indicado que las iniciativas deben someterse a evaluación y cumplir los estándares normativos.
La controversia instala nuevamente el debate en el Gran Concepción: si el retiro de las centrales del sistema eléctrico es suficiente para hablar de transición energética o si el estándar debe incluir, además, la restauración total de los sitios intervenidos.
