La Contraloría General de la República oficializó la toma de razón del decreto N°28 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), una acción normativa que busca acelerar los procesos de reconstrucción de viviendas y equipamientos comunitarios en las zonas devastadas por los incendios forestales que han afectado con especial dureza a la Región del Biobío y Ñuble. La medida modifica procedimientos establecidos décadas atrás, dotando de mayor flexibilidad técnica y administrativa para autorizar proyectos habitacionales y comunitarios en las áreas declaradas en catástrofe.
La actualización normativa incorpora modificaciones al decreto N°47 de 1992, permitiendo que el Minvu apruebe tanto edificaciones industrializadas como no industrializadas destinadas a vivienda o equipamiento de escala vecinal, siempre que cumplan los requisitos técnicos exigidos por la autoridad. Entre los cambios se incluye la posibilidad de regularizar construcciones dañadas por la catástrofe con procedimientos simplificados, reconociendo la situación de emergencia que enfrentan miles de familias cuyas viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables tras el avance de las llamas.
Además, el decreto faculta a las autoridades a aprobar o modificar planes reguladores comunales, seccionales o intercomunales en las áreas afectadas, una flexibilidad que no estaba contemplada de forma tan amplia en la normativa anterior. Este punto es clave para agilizar la tramitación urbanística de proyectos de reconstrucción, facilitando la reanudación de obras que han estado pendientes debido a la rigidez de los marcos regulatorios previos.
En el contexto de este ajuste legal, la autoridad fiscalizadora indicó que quienes deseen ingresar solicitudes de aprobación o modificación de proyectos relacionados con la reconstrucción de zonas afectadas deberán hacerlo dentro de un plazo de dos años desde la declaración de zona de catástrofe. Esta ventana busca equilibrar la urgencia de la reconstrucción con los tiempos técnicos necesarios para ejecutar obras de calidad y con las debidas garantías de seguridad y habitabilidad.
El balance oficial más reciente sitúa en miles de damnificados la cifra de personas que han visto sus viviendas total o parcialmente destruidas por los incendios, un registro que continúa variando a medida que avanza el catastro en los territorios afectados. La entrada en vigencia de este decreto se presenta como una herramienta legislativa que podría marcar un punto de inflexión en la capacidad del Estado para responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de reconstrucción de estas comunidades.
