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AFP, salud y Seguro de Cesantía: fijan los topes imponibles que regirán durante 2026

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La Superintendencia de Pensiones confirmó este martes los nuevos topes imponibles mensuales que se utilizarán en 2026 para el cálculo de las cotizaciones obligatorias en los sistemas de pensiones, salud, accidentes del trabajo y Seguro de Cesantía.

De acuerdo con lo informado por el organismo regulador, el tope imponible para AFP, salud y la ley de accidentes del trabajo aumentó a 90 Unidades de Fomento (UF), superando las 87,8 UF que estuvieron vigentes durante 2025. En tanto, el límite para calcular las cotizaciones del Seguro de Cesantía fue fijado en 135,2 UF, por sobre las 131,9 UF del año anterior.

Estos nuevos valores comenzarán a aplicarse con las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026, las que deberán ser pagadas hasta el 10 de marzo. En el caso de quienes realicen el trámite por medios electrónicos, el plazo se extenderá hasta el 13 de ese mes.

Desde la Superintendencia explicaron que el reajuste responde a lo establecido en la normativa vigente, que obliga a actualizar anualmente los topes imponibles cuando el Índice de Remuneraciones Reales —elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)— registra variaciones positivas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del año previo a su aplicación.

Según los datos definitivos del INE, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 dicho índice anotó un alza de 2,5%, lo que gatilló el incremento de los límites imponibles que regirán durante todo 2026.

Municipios cierran 2025 con más de $30 mil millones en deudas impagas: Talcahuano encabeza el ranking

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La morosidad municipal volvió a encender alertas al cierre de 2025. Según un análisis de CobranzaOnline.com, basado en registros oficiales de la Cámara de Comercio de Santiago, los municipios del país acumulan una deuda impaga total de $30.981 millones, concentrada mayoritariamente en obligaciones previsionales y laborales, que representan un 61% del total.

El estudio consideró a 334 municipalidades, de las cuales 313 presentan mora vigente. En promedio, cada municipio mantiene deudas por $92,7 millones.

Talcahuano lidera a nivel nacional

El caso más complejo es el de Talcahuano, que se posicionó como la municipalidad con mayor morosidad del país. Su deuda casi se triplicó en solo seis meses, pasando de $1.034 millones en julio a $2.852 millones en diciembre de 2025.

Desde el municipio atribuyeron esta situación a una delicada herencia financiera, marcada por el fuerte aumento del aporte municipal a educación en administraciones anteriores, además de una sentencia judicial por $2.500 millones, la crisis por el cierre del relleno sanitario en 2023 y una baja del presupuesto para 2026. La actual administración aseguró que más del 90% de las deudas previsionales y de salud ya están siendo regularizadas mediante convenios de pago.

Maipú y otras comunas con altos montos

En la Región Metropolitana, Maipú lidera la morosidad con $1.738 millones, aunque logró reducir su deuda cerca de un 10% respecto de mediados de año. Le siguen Independencia ($788 millones), Estación Central ($460 millones) y Santiago ($369 millones).

Desde Maipú señalaron que el municipio hoy se encuentra financieramente saneado y que gran parte de los montos corresponden a juicios laborales y deudas históricas heredadas, las que están siendo transparentadas y regularizadas.

En tanto, la Municipalidad de Independencia cuestionó las cifras del informe, asegurando que su deuda real sería cercana a los $213 millones y no los casi $800 millones informados, debido a registros ya pagados que aún figuran en el Boletín Comercial.

Impacto en proveedores

El informe también advierte sobre los extensos plazos de pago del sector municipal: en promedio, los municipios tardan 136 días en cancelar una factura, más de cuatro meses.

Desde CobranzaOnline.com alertaron que estos niveles de morosidad no solo reflejan problemas financieros internos, sino que afectan directamente a proveedores y a la cadena de pagos, reforzando la necesidad de mayor transparencia y mejores prácticas en la gestión pública.

Aumenta el traspaso a Fonasa y se define el perfil de quienes permanecen en las isapres

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La migración desde el sistema privado de salud hacia Fonasa continúa marcando una tendencia al alza en el país. Así lo reflejan los últimos datos entregados por la Superintendencia de Salud, que muestran que, a septiembre de 2025, las isapres mantenían 2,5 millones de beneficiarios, mientras el sistema público siguió incrementando su cobertura.

Según el informe, entre enero y septiembre del año pasado las isapres registraron 122.120 nuevas afiliaciones, pero también 159.723 términos de contrato. El balance fue negativo, con una salida neta de 37.603 personas, es decir, más afiliados abandonaron el sistema privado de los que ingresaron.

En contraste, Fonasa cerró 2025 con 17.095.910 beneficiarios, luego de iniciar el año con 16.766.107 personas, confirmando su sostenido crecimiento.

Radiografía del sistema isapre

Al noveno mes de 2025, el sistema privado contabilizaba 2.531.551 beneficiarios con contratos vigentes. De ese total, el 61,7% corresponde a cotizantes —trabajadores dependientes o independientes—, mientras que el 38,3% son cargas familiares.

La gran mayoría, un 97,3%, está afiliada a isapres abiertas, aquellas que aceptan a cualquier persona que cumpla los requisitos. Solo un 2,7% pertenece a isapres cerradas, ligadas a empresas o sectores específicos.

En cuanto a la concentración del mercado, cuatro aseguradoras reúnen más de tres cuartas partes de los beneficiarios del sistema abierto: Colmena, Banmédica, Consalud y Cruz Blanca concentran en conjunto el 78,2% del total, de acuerdo con el regulador.

La distribución territorial también muestra un marcado centralismo: el 61,8% de los beneficiarios reside en la región Metropolitana, mientras que el 38,2% se reparte en el resto del país, incluyendo regiones como el Biobío.

Durante los primeros nueve meses de 2025, la diferencia entre afiliaciones y desafiliaciones fue negativa, con una mayor salida de hombres que de mujeres. La Superintendencia detalló que la caída neta fue de 27.124 contratos en hombres y de 10.479 en mujeres.

Respecto a las causas, casi ocho de cada diez términos de contrato obedecen a decisiones voluntarias de las personas, ya sea para cambiarse a otra isapre o migrar a Fonasa. Un 18,8% corresponde a desafiliaciones iniciadas por las propias aseguradoras, conforme a la normativa vigente, mientras que los casos restantes se explican por mutuo acuerdo u otras razones no especificadas.

¿Qué pasa tras dejar una isapre?

Un aspecto relevante del informe es el destino de quienes salen del sistema privado. De las personas que terminaron contrato entre enero y julio de 2025, el 39% volvió a afiliarse a una isapre antes de septiembre, ya sea a la misma u otra institución. El 61% restante no registra afiliación vigente en el sistema.

Esta cifra representa un leve aumento en la tasa de retorno respecto de 2024, cuando solo el 31,4% de quienes salían volvía a una isapre.

En cuanto al perfil etario de quienes abandonan el sistema, el mayor porcentaje se concentra en el grupo de 35 a 44 años, seguido por personas entre 25 y 34 años.

Perfil de quienes se mantienen

El informe también revela diferencias demográficas entre cotizantes y cargas. Entre quienes pagan el plan de salud, predominan los hombres (58,9%), mientras que entre las cargas la mayoría son mujeres (57,3%).

Más de la mitad de los cotizantes tiene entre 35 y 54 años, patrón que se repite en las isapres abiertas. En cambio, en las isapres cerradas destacan los afiliados de mayor edad: un 42,3% supera los 64 años y un 36,2% se ubica entre los 45 y 64 años.

Las cifras confirman así un escenario de contracción del sistema privado y consolidación de Fonasa, en un contexto de cambios estructurales y mayor movilidad de los afiliados en el sistema de salud chileno.

Créditos hipotecarios vuelven a abaratarse y alcanzan su menor tasa en más de cuatro años

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El acceso al financiamiento para la compra de viviendas muestra nuevas señales de alivio. Las tasas de interés promedio de los créditos hipotecarios en Unidad de Fomento (UF) descendieron en enero de 2026 hasta un 4,12%, su nivel más bajo desde diciembre de 2021, cuando se ubicaban en torno al 4%, de acuerdo con cifras del Banco Central.

El retroceso en el costo de los préstamos para vivienda contrasta con otros segmentos del mercado crediticio. Durante el mismo mes, las tasas promedio de los créditos de consumo alcanzaron un 23,41%, mientras que los créditos comerciales se situaron en 8,43% y los préstamos asociados al comercio exterior promediaron un 5,77%.

Enero estuvo marcado por un comportamiento particular de la Unidad de Fomento, que registró una baja luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 anotara una variación negativa de 0,2%. No obstante, el escenario cambió nuevamente con el dato inflacionario de enero, que subió un 0,4%, lo que implica que la UF retome su tendencia alcista y continúe acercándose al umbral de los $40 mil.

Desde la banca han advertido que, pese a la mejora en las condiciones financieras, el crecimiento del crédito hipotecario durante el año pasado fue moderado, alcanzando apenas un 1,3%, cifra lejana a los rangos de expansión anual de entre 6% y 10% que se registraban en la década pasada.

En la misma línea, el flujo de nuevas colocaciones hipotecarias llegó a US$8.600 millones, monto inferior al observado en años como 2022 y 2024.

Con todo, el interés por los apoyos estatales se mantiene elevado. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) informó que el Subsidio a la tasa hipotecaria —conocido como Subsidio al Dividendo— sigue concitando una alta demanda, con cerca de 55 mil solicitudes ingresadas hasta el 16 de enero, de las cuales alrededor de 30 mil ya cuentan con aprobación.

Venta del SOAP queda en pausa tras nueva ley: qué ocurre con los seguros ya contratados

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La reciente publicación de la denominada Ley Jacinta en el Diario Oficial, el pasado sábado 7 de febrero, generó un efecto inmediato en el mercado asegurador. La Asociación Chilena de Aseguradoras (AChA) informó la suspensión transitoria en la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), medida que se mantendrá vigente mientras se ajustan las pólizas a las nuevas exigencias legales.

La decisión responde a las modificaciones que introduce la normativa, entre ellas, un aumento significativo en los montos de las indemnizaciones. En ese contexto, la venta del SOAP permanecerá detenida hasta que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) registre la nueva póliza en el Depósito de Pólizas y esta sea oficialmente publicada en el Diario Oficial.

La situación generó inquietud entre quienes ya adquirieron el seguro para el período en curso. Sin embargo, desde la Asociación Chilena de Aseguradoras aclararon que las pólizas contratadas antes de la entrada en vigencia de la Ley Jacinta mantienen plena validez.

De acuerdo con lo informado por el gremio, si bien la nueva legislación no contempló normas transitorias para el cambio de cobertura, los SOAP ya vendidos se rigen por la normativa vigente al momento de su contratación. En consecuencia, esos seguros continuarán otorgando cobertura hasta la fecha de término indicada en cada póliza, sin alteraciones.

En cuanto a los cambios que traerá la nueva póliza una vez que se reanude la venta, la Ley Jacinta eleva de manera importante los montos de protección. La cobertura por fallecimiento e incapacidad permanente total aumenta de 300 a 600 UF; la incapacidad permanente parcial sube de 200 a 400 UF; y los gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación pasan de 300 a 600 UF.

A ello se suma una reducción en los plazos de pago de las indemnizaciones, estableciéndose un máximo de siete días en caso de fallecimiento, medida que busca entregar una respuesta más rápida y un apoyo oportuno a las familias afectadas por accidentes de tránsito.

Prisión preventiva para mujer acusada de estafar a damnificados por incendios

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En prisión preventiva quedó una mujer imputada por estafar a personas afectadas por los incendios forestales que azotaron a la comuna de Penco, en la región del Biobío. La acusada habría aprovechado la vulnerabilidad de las víctimas, haciéndose pasar por integrante de un supuesto comité de vivienda para solicitar dinero a cambio de agilizar inexistentes trámites de reconstrucción.

La investigación se inició tras una denuncia presentada ante la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que una de las víctimas —quien perdió su vivienda durante el megaincendio— comenzara a sospechar del engaño. La alerta surgió cuando, tras depositar más de un millón de pesos a una cuenta bancaria indicada por la imputada, no volvió a tener contacto con ella ni recibió avances en los supuestos trámites prometidos.

Según los antecedentes reunidos, el dinero fue transferido a una cuenta cuyo titular aseguró actuar solo como intermediario, apuntando a que la principal responsable del fraude era una mujer con residencia en la ciudad de Los Andes, a más de 500 kilómetros de los damnificados.

La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción, subprefecta Vanni Rajdl, confirmó que el caso permitió establecer el modus operandi utilizado para concretar la estafa, aprovechando la urgencia y necesidad de las familias afectadas por el siniestro.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la Región del Biobío, Gonzalo Guerrero, indicó que la imputada reconoció el engaño al enfrentar a la justicia en la región de Valparaíso, instancia en la que el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, la Fiscalía solicitó la incautación de los fondos que la mujer pudiera mantener en sus cuentas bancarias, mientras continúan las diligencias para determinar si existen más personas que hayan sido víctimas de este mismo mecanismo de estafa.

Mujer detenida por homicidio frustrado tras apuñalar a hombre en Dichato

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Un violento episodio en la localidad costera de Dichato, en la comuna de Tomé de la Región del Biobío, terminó con una mujer detenida por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio frustrado luego de apuñalar a un hombre en la vía pública. El ataque ocurrió sin mediación aparente y fue la propia víctima quien, pese a las lesiones, logró llegar hasta el Retén de Carabineros de Dichato para denunciar los hechos y pedir ayuda.

Según se informó, el hombre herido acudió por sus propios medios al cuartel policial tras ser atacado con un arma blanca. Una vez en el lugar, expuso lo sucedido ante Carabineros, quienes de inmediato recogieron la denuncia y gestionaron su traslado a un centro asistencial para la constatación de lesiones y atención médica. Las primeras pericias hablan de heridas de diversa consideración, pero se descartó riesgo vital en el paciente.

La rápida acción de Carabineros permitió además la detención de la mujer sindicada como autora del ataque. El procedimiento policial se llevó a cabo con apoyo de la Central de Cámaras de Televigilancia, cuyas imágenes ofrecieron indicios sobre el desplazamiento de la sospechosa tras el hecho, lo que facilitó su aprehensión. Posteriormente, la investigación quedó en manos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Tomé, institución que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la relación entre la víctima y la detenida, ni sobre los motivos reales que desencadenaron el ataque con arma blanca. La fiscalía local coordina la recolección de evidencias y testigos para construir una carpeta investigativa que permita formalizar cargos por homicidio frustrado en contra de la imputada.

Este tipo de hechos genera preocupación entre los residentes de Dichato y sectores aledaños, quienes señalan que, aunque se trata de un caso aislado, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante actos violentos, incluso en comunidades acostumbradas a entornos más tranquilos.

Las autoridades han reforzado el llamado a la denuncia ciudadana y al uso de los canales oficiales para reportar situaciones de riesgo, enfatizando que la colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden es fundamental para enfrentar conductas antisociales y garantizar seguridad en el territorio.

Detienen a adulto mayor de 61 años por homicidio en camino a Florida

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Un hombre de 61 años fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) como presunto autor del homicidio de Ramón Rebolledo Cifuentes, incidente que se remonta al 12 de diciembre de 2025 en el sector del camino a Florida, en la conurbación de Concepción, en la Región del Biobío. El arresto se concretó tras una investigación que logró vincular al imputado con los hechos que terminaron con la vida de la víctima semanas después de una agresión violenta.

Los antecedentes recopilados por la BH apuntan a que los involucrados compartían bebidas alcohólicas cuando, en medio de una discusión, el imputado golpeó a Rebolledo con un objeto contundente. El impacto lo hizo caer al suelo, donde sufrió un fuerte traumatismo craneal al golpear su cabeza contra la acera. Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde permaneció internado durante diez días antes de sucumbir a las graves lesiones.

La detención se materializó tras un trabajo investigativo que incluyó el análisis de evidencias, testimonios y la reconstrucción de los hechos para poder establecer con claridad la mecánica del crimen. Una vez en manos de la justicia, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción, entidad que deberá determinar las medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso penal en su contra por su participación material en el homicidio.

Para la comunidad del sector de Florida y los familiares de Ramón Rebolledo, la detención representa un paso en la búsqueda de justicia tras meses de incertidumbre. Testigos y residentes comentaron que la noticia del arresto les generó sentimientos encontrados: alivio por el avance de la investigación, pero también consternación por la violencia que terminó con la vida de un vecino.

En el contexto policial, el comisario de la Brigada de Homicidios subrayó la importancia de la labor coordinada entre unidades especializadas para desentrañar este tipo de hechos, que muchas veces tienen su origen en conflictos cotidianos potenciados por el consumo de alcohol. Las diligencias continúan abiertas para recabar todo tipo de pruebas que fortalezcan la acusación y permitan a los tribunales dictar una sentencia ajustada a derecho.

Declaran inadmisible querella de municipalidad de Florida para determinar origen de incendios

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El Juzgado de Garantía de Florida resolvió declarar inadmisible la querella interpuesta por la municipalidad local para determinar el origen y responsabilidades de una serie de incendios forestales que afectaron extensas áreas del territorio entre enero y febrero, planteando un nuevo capítulo judicial en torno a cómo debe abordarse este tipo de siniestros.

La acción legal había sido presentada por el alcalde con el objetivo de formar parte del proceso de investigación del Ministerio Público, buscando que la comuna fuera reconocida como parte querellante en el proceso penal que pudiera esclarecer posibles causas y autores de los incendios, algunos de los cuales devastaron miles de hectáreas de bosque nativo, plantaciones y predios agrícolas, además de destruir decenas de viviendas particulares.

Sin embargo, la decisión del tribunal se basó en que la municipalidad no puede ser considerada directamente víctima de los hechos denunciados, al menos desde la perspectiva jurídico-procesal que rige esta figura en el sistema penal, lo que llevó al magistrado a rechazar la admisión de la querella. El fallo generó desacuerdo en la administración comunal, que busca no solo claridad sobre posibles responsabilidades, sino también una voz más activa dentro de la investigación judicial.

Ante este revés, los abogados del alcalde anunciaron que presentarán un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Concepción con la intención de revertir la decisión y permitir que la municipalidad pueda acceder formalmente a la condición de parte querellante. Este paso implicaría que el tribunal de alzada revise el criterio inicial y determine si existen fundamentos para que la comuna participe más activamente en el esclarecimiento de los hechos.

La controversia judicial se produce en un contexto donde la comunidad y las autoridades buscan respuestas claras sobre el origen de los incendios, motivando un debate sobre las herramientas legales disponibles para que municipios afectados puedan impulsar acciones judiciales que complementen la labor del Ministerio Público y las investigaciones técnicas realizadas por servicios como Conaf y organismos periciales.

El desenlace de la apelación ante la Corte de Apelaciones será clave para sentar un precedente sobre la participación de entidades comunales en causas de gran impacto ambiental y social, abriendo la puerta a una discusión más amplia sobre la interacción entre jurisdicción penal y responsabilidad institucional en tragedias de envergadura.

Autoridades llaman a informarse bien tras estafa a damnificados por incendios en Penco

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La reciente detención de una mujer por estafar a familias afectadas por los incendios que azotaron Penco ha encendido las alarmas entre las autoridades y la comunidad, motivando advertencias sobre cómo funcionan los subsidios estatales y la necesidad de informarse únicamente a través de canales oficiales.

El caso se conoció tras la formalización de una mujer acusada de hacerse pasar por integrante de un supuesto comité de viviendas destinado a agilizar trámites de reconstrucción después de los incendios forestales. Según indicaron desde la investigación, la imputada solicitó sumas de dinero a damnificados con la promesa de acelerar gestiones para acceder a beneficios habitacionales, cobrando por un servicio inexistente que, de haber sido legítimo, habría sido totalmente gratuito y gestionado por el Estado.

Ante estos hechos, el alcalde de Penco insistió en aclarar que los bonos, subsidios y ayudas vinculados a reconstrucción y vivienda son gratuitos y se tramitan exclusivamente a través de instituciones estatales competentes. La autoridad enfatizó que no se debe entregar dinero por adelantado a particulares ni entidades que no estén formalmente constituidas o autorizadas para gestionar beneficios públicos.

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones ha recalcado que la única forma de acceder a este tipo de beneficios es a través de los cauces oficiales, lo que implica inscripciones y postulación ante organismos estatales con documentación vigente y sin solicitar pagos previos. Este tipo de estafas suele aprovechar contextos de emergencia y vulnerabilidad, cuando las familias buscan reconstruir su vida tras desastres como el que vivió la comuna.

El caso también ha generado un llamado de atención a la comunidad para verificar siempre la autenticidad de cualquier gestión o intermediación que implique la entrega de beneficios sociales o habitacionales. Las autoridades han subrayado que la desinformación y los engaños en situaciones de crisis no solo perjudican a las víctimas de los siniestros, sino que también dificultan la confianza en los mecanismos de apoyo estatal.

Este episodio de fraude se suma a una serie de alertas que han emitido organismos oficiales en el país sobre estafas que aprovechan emergencias para sustraer recursos o datos personales a quienes buscan ayuda legítima, recalcaron expertos en seguridad. En este contexto, la recomendación es desconfiar de intermediarios no oficiales y consultar directamente a los servicios públicos correspondientes para informarse sobre subsidios, bonos y apoyos disponibles.