La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la norma de microrelocalización para la industria salmonera continúa generando reacciones. La Multigremial Nacional manifestó su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, podría tener el revés para una actividad que involucra no solo a grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas empresas, proveedores y trabajadores desde el Biobío hasta Magallanes.
La medida formaba parte de la denominada megarreforma y contemplaba la posibilidad de trasladar concesiones salmoneras hasta 350 metros desde su ubicación original sin someter ese cambio a una evaluación ambiental.
El rechazo del Tribunal Constitucional abrió un nuevo escenario para el sector. Mientras organismos como Fundación Terram cuestionaron la propuesta y sostuvieron que significaba favorecer a una industria que registra incumplimientos, desde el Gobierno se indicó que se buscarán alternativas o que eventualmente se podría perfeccionar la iniciativa.
En paralelo, el Consejo del Salmón había planteado que la microrelocalización podía contribuir a generar más de 5.400 nuevos puestos de trabajo en el corto plazo, además de impulsar la actividad económica y el encadenamiento productivo en el sur del país.
Frente a este escenario, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, expresó preocupación por el aumento de la incertidumbre que enfrenta el sector y sus actividades asociadas.
“Cuando una actividad tan relevante para las regiones enfrenta mayores niveles de incertidumbre, los primeros afectados terminan siendo las pymes, los proveedores y sus trabajadores”, sostuvo el dirigente.
Swett agregó que las consecuencias de la decisión no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de las grandes empresas, sino considerando también sus efectos territoriales y laborales.
“No podemos perder de vista el impacto territorial y laboral que tienen estas decisiones”, afirmó.
Desde la organización esperan que las autoridades consideren las advertencias planteadas por gremios, proveedores y trabajadores, y que se busque una salida institucional y técnicamente viable que permita compatibilizar protección ambiental, inversión y generación de empleo en las regiones.
