El Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a la movilización protagonizada por subcontratistas y proveedores de Tapusa en Concepción, quienes reclaman el pago de recursos que la empresa española dejó pendientes tras abandonar importantes obras en el Gran Concepción.
Durante la mañana de este jueves, los afectados utilizaron maquinaria pesada, grúas, retroexcavadoras y camiones para interrumpir el tránsito en avenida O’Higgins, buscando visibilizar la situación y exigir una solución frente a los montos adeudados.
Desde el Minvu señalaron que comprenden la situación de los trabajadores y empresarios afectados, pero recalcaron que la responsabilidad por los perjuicios corresponde a la empresa.
“La responsabilidad por los perjuicios causados recae de manera exclusiva en el incumplimiento de la empresa”, enfatizó la cartera.
El ministerio indicó además que recibió formalmente el petitorio presentado por representantes de los subcontratistas y proveedores afectados por el término anticipado de los contratos con Tapusa. Sin embargo, sostuvo que el mecanismo para exigir el pago de las deudas debe ser judicial.
“El camino para los subcontratistas es la vía judicial”, precisaron desde la repartición.
Según informó el Minvu, hasta ahora solo se han recibido cinco acciones legales relacionadas con el caso Tapusa. La cartera explicó que no mantiene un vínculo contractual directo con los subcontratistas, por lo que no puede disponer de pagos directamente a favor de ellos.
“La ley no nos faculta a realizar pagos directos ni retenciones comerciales de manera arbitraria fuera de la sede judicial”, señalaron.
La cartera comprometió, de todas formas, su colaboración con los afectados durante los procesos judiciales, con el objetivo de contribuir a reducir el impacto económico generado por el término anticipado de los contratos.
Desde el ministerio también informaron que realizaron pagos correspondientes a las cotizaciones de los trabajadores dependientes de Tapusa y sus proporcionales hasta el 5 de mayo. Esa gestión, indicaron, se concretó dentro de los 30 días posteriores a que asumieran el control de las tres obras urbanas involucradas.
La controversia se mantiene mientras los subcontratistas buscan recuperar los recursos que aseguran se les adeudan tras el abandono de los proyectos.
