Una nueva arista judicial se abrió en torno al caso Luchsinger-Mackay, luego de que una querella criminal presentada en contra del abogado Luis Hermosilla fuera declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción, presentada en representación del comunero mapuche José Tralcal Coche por la abogada Karina Riquelme Viveros, acusa al profesional de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
La querella apunta a una serie de coordinaciones que, según los antecedentes expuestos, habrían ocurrido en agosto de 2018, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema analizaba el recurso de nulidad presentado por las defensas de los condenados por el caso.
Entre los elementos incorporados se encuentran mensajes obtenidos desde el teléfono de Hermosilla. En una de las conversaciones, el abogado habría consultado a su intermediario, José Ramón Correa, quién era su persona más cercana dentro de la sala penal. Tras recibir como respuesta el nombre del ministro Manuel Valderrama, Hermosilla habría planteado directamente la necesidad de que el máximo tribunal rechazara la nulidad del caso.
De acuerdo con el libelo, el abogado sostuvo que dicha decisión era relevante para avanzar en el proceso de pacificación de La Araucanía y advirtió que un eventual cuarto juicio sería perjudicial.
Los antecedentes también mencionan una llamada telefónica realizada por Hermosilla al ministro Valderrama el 9 de agosto de 2018. Correa habría solicitado que se efectuara el contacto, mientras que posteriormente Hermosilla calificó la conversación como una llamada “de emergencia” destinada a transmitir el mensaje. Según los registros citados en la querella, Correa afirmó después que el magistrado estaba agradecido por el llamado y entregó información sobre la composición de la sala.
La gestión ocurrió antes del fallo de la Corte Suprema del 10 de octubre de 2018, resolución que rechazó el recurso de nulidad y confirmó las condenas, aunque rebajó las penas al descartar la calificación terrorista del delito.
La acción judicial sostiene además que Hermosilla se desempeñaba entonces como abogado asesor contratado por el Gobierno, por encargo de Andrés Chadwick, y que el principio de ejecución de los hechos habría ocurrido en dependencias de La Moneda.
La parte querellante solicitó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para esclarecer las eventuales responsabilidades de Hermosilla y de otras personas que pudieran estar involucradas en las maniobras denunciadas.
