El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, salió a aclarar la controversia generada tras el traslado de reos comunes desde el penal Punta Peuco, descartando que la medida haya sido producto de una orden directa del presidente José Antonio Kast. La autoridad sostuvo que la determinación corresponde a facultades propias de Gendarmería y que responde a criterios administrativos internos.
La polémica surgió luego de que el mandatario abordara públicamente el futuro del recinto penitenciario, reabriendo el debate sobre el carácter exclusivo que históricamente tuvo Punta Peuco para condenados por violaciones a los derechos humanos. Sus declaraciones provocaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, especialmente luego de conocerse el traslado de tres internos comunes hacia otros establecimientos carcelarios.
Frente a ese escenario, Rabat insistió en que las decisiones relacionadas con la distribución de la población penal no obedecen a instrucciones políticas, sino a atribuciones que la legislación entrega a la institución penitenciaria. En ese contexto, recordó que es Gendarmería la encargada de determinar el destino de los internos según criterios técnicos y operativos.
“Lo que se está haciendo es que el director de Gendarmería, en conformidad con sus propias atribuciones, haga lo que ha hecho siempre”, señaló el secretario de Estado al abordar la situación. Asimismo, enfatizó que el Ejecutivo busca respetar las competencias de cada organismo y evitar intervenciones directas en materias que corresponden a la administración penitenciaria.
Las declaraciones se producen en medio de una intensa discusión política sobre el rol que tendrá Punta Peuco durante la actual administración. Mientras sectores oficialistas defienden una gestión diferenciada del recinto, desde la oposición han advertido que cualquier modificación podría interpretarse como una señal política respecto de los condenados por delitos cometidos durante la dictadura.
El debate continúa abierto y suma nuevas tensiones en torno a la política penitenciaria impulsada por el Gobierno, justo cuando el tema vuelve a instalarse en la agenda pública nacional.
