La empresa pesquera Landes presentó una demanda contra el Estado tras el avance de la discusión sobre el fraccionamiento pesquero, iniciativa que —según la compañía— afectaría de manera directa sus derechos de captura, configurando lo que califican como una “expropiación encubierta”.
La acción judicial surge en medio del debate por la redistribución de cuotas de pesca entre el sector industrial y el artesanal, tema que ha generado intensas discusiones en distintas zonas del país y particularmente en la Región del Biobío, donde la actividad pesquera constituye uno de los pilares productivos del borde costero.
Desde la compañía sostienen que los cambios propuestos en la distribución de cuotas afectarían de forma significativa su operación y el marco regulatorio bajo el cual han desarrollado sus actividades durante años. Según plantean, las modificaciones implicarían una reducción sustantiva de los porcentajes de captura asignados al sector industrial, lo que —a su juicio— impactaría en la viabilidad económica de empresas que operan en la industria pesquera.
La demanda apunta directamente al Estado, argumentando que la modificación del fraccionamiento implicaría alterar condiciones previamente establecidas en el sistema de asignación de cuotas. En ese contexto, la empresa sostiene que el proceso equivaldría a una pérdida de derechos adquiridos, motivo por el cual decidió recurrir a la justicia.
El debate por el fraccionamiento pesquero ha generado posiciones encontradas entre los distintos actores del sector. Mientras organizaciones del mundo artesanal han defendido la necesidad de una redistribución que favorezca a los pescadores de menor escala, representantes del sector industrial han advertido sobre los efectos que estos cambios podrían tener en el empleo y la actividad económica asociada a las plantas de proceso y flotas industriales.
La acción judicial presentada por Landes se suma así a la controversia que rodea la discusión sobre el futuro del sistema de cuotas pesqueras, un tema que continúa generando tensiones entre empresas, sindicatos y organizaciones de pescadores en distintas zonas costeras, incluyendo la Región del Biobío, donde la actividad pesquera mantiene una fuerte presencia histórica y económica.
