La evaluación ambiental del proyecto de Tierras Raras en Penco quedó suspendida de manera temporal, luego de que la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío resolviera detener los plazos administrativos debido a la emergencia provocada por los incendios forestales y al estado de excepción constitucional vigente en la zona. La medida rige entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2026 y alcanza a seis iniciativas en tramitación en la región.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) explicaron que la decisión busca resguardar el debido proceso, considerando las restricciones operativas, de seguridad y de participación ciudadana que impone el actual contexto regional.
En el caso del proyecto impulsado por la minera Aclara, la suspensión se produce en un momento clave de su tramitación. La iniciativa fue reingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en junio de 2024, tras un primer intento fallido en 2023, y desde entonces ha estado marcada por observaciones técnicas, procesos de participación ciudadana y una ampliación de la consulta indígena por eventuales impactos a comunidades mapuche.
El expediente ha acumulado más de doscientas observaciones vinculadas a biodiversidad, recursos hídricos, riesgos geológicos y aspectos sociales, configurando una evaluación de alta complejidad y fuerte controversia pública. A ello se suma la oposición sostenida del municipio de Penco y de organizaciones locales, que han cuestionado la falta de claridad en las medidas de mitigación y la compatibilidad del proyecto con la planificación comunal.
La pausa administrativa coincidió además con un aumento de la tensión política en torno a la iniciativa, luego de que el presidente electo José Antonio Kast manifestara públicamente su respaldo al proyecto, relativizando los cuestionamientos ambientales, lo que reactivó el debate sobre el equilibrio entre inversión, estándares ambientales y legitimidad territorial en el Gran Concepción.
En el Congreso, parlamentarios del Biobío coincidieron en que la suspensión es razonable frente a la emergencia, aunque volvieron a marcar diferencias de fondo. Desde posiciones críticas, diputados del Distrito 20 reiteraron su rechazo al proyecto por los riesgos ambientales y sociales, mientras que otros legisladores subrayaron la necesidad de atraer inversión estratégica a una región golpeada por la pérdida de empleo y actividad productiva.
Desde el oficialismo y la oposición también hubo llamados a que, superada la emergencia, el proceso se retome con plazos claros, participación efectiva y estándares exigentes, garantizando tanto el resguardo ambiental como la confianza pública.
Aunque existe consenso en que la suspensión era inevitable, el caso de las tierras raras en Penco vuelve a instalarse como uno de los principales focos de debate en el Biobío, reflejando las tensiones entre desarrollo económico, protección del territorio y gobernanza ambiental que marcarán el próximo ciclo político en la región.
