Una nueva arista se ha sumado a la creciente polémica que rodea al alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, luego de que surgieran antecedentes que ponen en tela de juicio la versión oficial que él mismo ofreció sobre la tramitación de su licencia de conducir. Según documentos oficiales a los que tuvo acceso la prensa local, la licencia fue emitida por la Dirección de Tránsito en abril de 2025, un mes antes de que Spoerer pagara una multa de tránsito que se mantenía pendiente desde 2019, situación que él había planteado como motivo para justificar la emisión del documento.
El conflicto surgió luego de que el propio alcalde explicara públicamente que la renovación de su licencia había ocurrido solo tras cumplir con todos los requisitos legales, entre ellos el pago de la multa mencionada. Sin embargo, un oficio emitido por el Juzgado de Policía Local de Yumbel y fechado el 13 de mayo del año pasado contradice esta versión, indicando que el alcalde habría obtenido la licencia antes de cancelar la infracción que pesaba en su contra, lo cual despertó dudas sobre la legalidad del procedimiento empleado y la veracidad de las afirmaciones de su equipo de comunicaciones.
La situación ha generado amplio malestar entre concejales y figuras políticas locales, incluida la concejala Camila Ortiz, quien calificó los nuevos antecedentes como “graves” y manifestó que podrían constituir delitos vinculados a un manejo irregular de documentos públicos. En paralelo, el concejal José Caballero anunció que evaluará acciones legales al respecto, apoyándose en asesoría jurídica para determinar si corresponde presentar querellas o requerimientos administrativos formales ante las autoridades competentes.
Desde el entorno del alcalde, Spoerer ha emitido comunicaciones manifestando que las versiones difundidas representan una tergiversación de los hechos y defendiendo la legalidad del proceso, señalando que todos los exámenes, pagos y requisitos necesarios fueron efectivamente cumplidos antes de la emisión de la licencia. No obstante, el caso sigue abierto y bajo revisión por parte de organismos como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que ya han sido notificados de los antecedentes y podrían profundizar la investigación si se aprecian indicios de irregularidades administrativas o penales.
