Un informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), tras detectar deficiencias en los controles aplicados a sus operaciones durante 2023 y 2024. La auditoría reveló que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron empeños por más de $1.500 millones, sin que el servicio adoptara medidas ni diera aviso a las autoridades competentes.
La revisión, contenida en el informe N°400 de 2025, se centró en la gestión de créditos prendarios otorgados por la Casa Matriz–Sucursal San Pablo de Dicrep, incluyendo la administración, custodia, liquidación y pago de excedentes por remates. Entre los hallazgos, se constató un uso intensivo del sistema por parte de ciertos usuarios: solo en 2023 se registraron 4.769 personas con entre 10 y 229 operaciones, por un monto superior a los $7.100 millones. En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con transacciones que alcanzaron los $7.290 millones y hasta 230 empeños por persona en un año.
El informe también da cuenta de la falta de denuncias en casos donde usuarios con antecedentes penales no recuperaron las especies entregadas en prenda, pese a que los montos involucrados superan los $1.507 millones.
Débil fiscalización y ausencia de alertas
La Contraloría advirtió, además, la inexistencia de procedimientos básicos para validar la identidad de los usuarios, verificar la procedencia lícita de los bienes y controlar operaciones reiteradas. A ello se suma la falta de sistemas de alerta y de coordinación con las policías, aun cuando los artículos empeñados cuentan con información relevante para eventuales investigaciones, como números de serie o modelos.
Ante este escenario, el organismo fiscalizador ordenó la apertura de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público. Asimismo, instruyó a la Dicrep a reforzar sus mecanismos de control, los que serán evaluados en una futura auditoría de seguimiento.
