Decenas de extrabajadores de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar) perdieron el beneficio de pensión vitalicia tras detectarse que algunos de ellos registraban antecedentes penales, situación que motivó la revisión y posterior eliminación del pago.
La medida se adoptó tras un proceso de fiscalización que permitió identificar inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos para acceder a este beneficio, el cual estaba destinado a exfuncionarios bajo condiciones específicas.
Desde las autoridades se explicó que la decisión responde a la necesidad de resguardar el correcto uso de recursos públicos. “No corresponde mantener beneficios cuando no se cumplen las condiciones establecidas”, señalaron, enfatizando el carácter excepcional de estas pensiones.
El caso ha generado reacciones en la Región del Biobío, considerando la relevancia histórica de Enacar en la zona y el impacto social que tuvo el cierre de la actividad carbonífera en comunas como Lota y Coronel.
Si bien algunos afectados cuestionaron la medida, desde el Gobierno se reiteró que el proceso se ajustó a la normativa vigente, asegurando que cada caso fue revisado de manera individual antes de tomar una decisión definitiva.
El retiro de estos beneficios reabre el debate sobre los mecanismos de asignación y control de ayudas estatales, en un contexto donde la transparencia y la focalización del gasto público son temas prioritarios en la agenda nacional y regional.
