La justicia ordinaria en la Región resolvió fijar para el 22 de abril de 2026, a las 09:00 horas, la fecha para iniciar el juicio oral por el denominado caso Grollmus, un atentado que el Ministerio Público califica como uno de los hechos más graves registrados en los últimos años en el contexto rural. El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2022 en la localidad de Contulmo, cuando una histórica estructura fue incendiada y dos personas resultaron gravemente heridas, una de ellas perdiendo un ojo y otra una pierna.
En este proceso, la Fiscalía presentó cargos contra 19 personas, acusándolas de participación en delitos atroces relacionados con el incendio del Molino Grollmus y la agresión a víctimas humanas. De estos 19, el Ministerio Público solicitó presidio perpetuo para 10 de los imputados, entre los cuales se encuentran individuos identificados como líderes de un grupo de carácter radical. Esta petición de sanciones máximas surge del análisis de las pruebas recabadas y de la gravedad que las autoridades judiciales atribuyen a los hechos.
Christian Grollmus, víctima directa y querellante en el caso, manifestó su satisfacción porque el juicio se desarrollará sin fragmentar por separado los casos de los menores y mayores implicados. Él enfatizó ante los tribunales que esperan condenas ejemplares dado el impacto humano y patrimonial generado por el ataque. Por su parte, defensores públicos han expresado preocupaciones respecto a la preparación del proceso, indicando que quienes eran menores de edad al momento de los hechos podrían ver vulnerados ciertos derechos si se acelera en exceso el juicio.
Un aspecto relevante dentro de la tramitación de esta causa es la presencia de testigos protegidos, cuyos testimonios han sido determinantes para la formalización de los acusados. La protección de estas identidades también ha sido un punto de discusión, en especial tras filtraciones que se registraron en otros procesos en diferentes zonas del país. Asimismo, se mantiene la posibilidad de que el juicio se realice de forma totalmente telemática por razones de seguridad, decisión que deberá adoptar el tribunal en una audiencia previa programada para el 13 de abril.
La fijación de esta fecha marca una etapa crucial en el avance del sistema de justicia respecto de uno de los casos de violencia rural que más impacto causó en las comunidades afectadas, con repercusiones que han trascendido al debate regional y nacional sobre seguridad, justicia y reparación para las víctimas.
