Un nuevo escenario de tensión entre autoridades regionales y el Gobierno central se ha abierto en la provincia de Arauco a raíz de un ataque con disparos que afectó a brigadas de combate de incendios forestales en Curanilahue, con implicaciones que trascienden la simple seguridad rural. El hecho, que involucra a brigadistas de Forestal Arauco durante labores de control de un siniestro, fue calificado por el Gobernador Regional, Sergio Giacaman, como un acto de “terrorista” y ha motivado fuertes críticas desde gremios del rubro forestal hacia la gestión de seguridad pública en la zona.
La Asociación de Contratistas Forestales, representada por su gerente René Muñoz, manifestó su preocupación por lo que describió como una peligrosa combinación de delitos: el robo de madera y la generación intencional de incendios forestales con el objetivo de facilitar su sustracción, acciones que, según Muñoz, ponen en riesgo no solo a brigadistas sino también a la comunidad en general. El ataque en Curanilahue habría ocurrido mientras las brigadas trabajaban en un foco activo, generando una situación de extremo peligro ante la presencia de desconocidos que realizaron disparos, forzando la retirada temporal de los equipos.
Desde la Delegación Presidencial del Bío Bío se ha reconocido conocimiento de la existencia de al menos dos grupos organizados que operan en la provincia con fines de robo de madera, incendios intencionales y otros delitos conexos, tanto en Lebu como en Curanilahue. Esta situación, según las autoridades, configura lo que sería una nueva modalidad de ilícitos en esta zona del sur del país, donde la actividad forestal convive con comunidades rurales y sectores residenciales sensibles ante cualquier siniestro descontrolado.
Giacaman ha heredado de la Delegación información que permite a la Gobernación Regional exigir al Gobierno nacional una respuesta más contundente en materia de seguridad pública y protección de brigadas, incorporando la necesidad de medidas operativas específicas para evitar que integrantes de equipos que combaten incendios forestales sean expuestos a ataques deliberados o se encuentren con grupos organizados que buscan materializar robos violentos en medio de siniestros.
Estos cuestionamientos se suman a un contexto más amplio de preocupación por la falta de un marco de seguridad eficaz que proteja tanto a personas como a bienes en zonas afectadas por delitos rurales. La exigencia de Giacaman y de los gremios sectoriales es explícita: no se trata solo de combatir incendios y delitos puntuales, sino de tomar en serio un fenómeno que, desde su mirada, requiere una reacción coordinada del Estado para garantizar orden y seguridad en un territorio que ha experimentado crecientes desafíos en los últimos años.
