La Corte de Apelaciones de Concepción dictó una resolución que vuelve a poner en el centro de la agenda pública el espinoso caso de las licencias médicas irregulares en San Pedro de la Paz. El tribunal de alzada acogió los recursos presentados por dos exfuncionarios de la Municipalidad de esa comuna, quienes habían sido destituidos en el marco del bullado caso de licencias médicas, y ordenó que se practiquen nuevos sumarios administrativos para considerar todos los antecedentes antes de confirmar sanciones disciplinarias.
La decisión responde a las apelaciones de los trabajadores, entre ellos Gonzalo Silva, exfuncionario de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), quien fue desvinculado tras verificarse que hizo uso de licencias médicas mientras realizaba viajes al extranjero durante el periodo de reposo. Aunque la justicia no desconoce que Silva y otros funcionarios incurrieron en faltas, cuestionó que los sumarios originales no habrían sopesado integralmente todos los antecedentes antes de aplicar la máxima sanción administrativa. Por este motivo, ordenó repetir los procedimientos con un enfoque más exhaustivo.
El caso licencias médicas, que forma parte de un proceso de investigación más amplio que ha afectado a varios servicios públicos y municipios de la Región del Bío Bío en los últimos meses, ha generado polémica y tensiones entre autoridades administrativas y comunidades. La Contraloría General de la República identificó múltiples casos de uso indebido de licencias —incluyendo viajes y actividades incompatibles con reposo médico— lo que llevó inicialmente a despidos, sumarios y una intensa fiscalización nacional. En San Pedro de la Paz, el municipio fue uno de los primeros en aplicar sanciones de destitución a funcionarios implicados, transformando la comuna en un epicentro de este debate.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, anticipó que su administración presentará recursos de apelación ante la Corte Suprema en los casos de los dos trabajadores favorecidos por la Corte de Apelaciones. El plazo para esta presentación se cumple en los próximos días, según fuentes municipales, lo que deja entrever una continuidad de esta disputa jurídica en instancias superiores.
Desde la Asociación de Funcionarios del municipio expresaron que la decisión del tribunal de alzada apunta a un principio elemental del debido proceso: la obligación de considerar todos los antecedentes antes de aplicar sanciones drásticas, especialmente cuando se trata de carreras profesionales forjadas durante años. En este contexto, el fallo de la Corte de Apelaciones incorpora una lectura más matizada de responsabilidad y proporcionalidad, elevando el debate sobre la administración pública, la justicia laboral y la efectividad de los mecanismos de control en San Pedro y más allá.
