Los ocho acusados están vinculados al Tren de Aragua y enfrentan cargos por trata de personas, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y asociación ilícita.
Gendarmería de Chile solicitó al Tribunal Oral en lo Penal de Concepción que los ocho imputados por un caso de trata de personas comparezcan al juicio de manera telemática, ante el riesgo de un eventual intento de «rescate» durante su traslado desde la cárcel del Biobío. La petición fue rechazada por el tribunal, aunque no se descarta que la medida pueda ser reconsiderada si surgen nuevos antecedentes.
El juicio, que debía comenzar este lunes, fue aplazado para el martes. Se trata de un proceso de alto perfil que investiga una red dedicada al tráfico ilegal de mujeres desde Colombia y Venezuela hacia Chile, con fines de explotación sexual. La investigación, iniciada en 2020, derivó en la detención del grupo en 2022.
Riesgo de «rescate» armado
Durante la jornada, Gendarmería expresó su preocupación por el nivel de riesgo que implican los traslados diarios de los imputados durante los cerca de 50 días que se proyecta dure el juicio. Según argumentó el abogado del organismo, Salomón Figueroa, la institución no dispone de vehículos blindados adecuados para este tipo de operativos y advirtió sobre la posibilidad de un «rescate con poder de fuego».
La solicitud fue respaldada por la Defensoría Penal Pública y por los abogados defensores particulares de los acusados. Por su parte, la Fiscalía, la Delegación Presidencial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en calidad de querellantes, no se opusieron a la medida y dejaron la decisión en manos del tribunal.
Fue la magistrada Antonia Flores quien resolvió rechazar la petición, aunque dejó abierta la posibilidad de reevaluarla si las condiciones de seguridad lo ameritan.
Vínculos con el Tren de Aragua
Uno de los factores que elevan el nivel de alerta en este caso es la presunta vinculación de los imputados con el Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal de origen venezolano con operaciones en varios países de Sudamérica, incluyendo Chile.
Por esta razón, el traslado de los acusados desde el penal al tribunal se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad, que incluyó personal especializado de Gendarmería y Carabineros.
Los ocho imputados —en su mayoría de nacionalidad venezolana y colombiana, además de una ciudadana chilena— enfrentan cargos por trata de personas adultas y menores de edad, tráfico de drogas, porte de armas prohibidas y asociación ilícita. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de presidio perpetuo.