En un hecho inusual para el Poder Judicial regional, el único juez de Garantía de Coronel, Jorge Henríquez, obtuvo un permiso administrativo de tres días, lo que dejará al tribunal sin magistrado asignado durante los primeros días de la próxima semana.

Esta ausencia temporal obligó a la Corte de Apelaciones de Concepción a reprogramar varias audiencias que ya estaban fijadas, incluyendo procedimientos relevantes como la formalización del alcalde Boris Chamorro en el caso de la embotelladora Llacolén, que había sido agendada para fines de diciembre.

La situación ha alarmado a operadores judiciales y a la defensa de imputados, dado que la falta de magistrado prolonga los plazos de tramitación de causas y puede implicar vulneraciones al derecho a un debido proceso, especialmente en casos donde la prisión preventiva o la revisión de medidas cautelares están pendientes de resolución.

Desde la Corte de Apelaciones se indicó que la concesión del permiso responde a criterios administrativos y personales del juez, aunque se ha señalado que el período de ausencia se mantendrá entre el lunes y miércoles de la próxima semana. Organizaciones gremiales del sector legal han aprovechado la ocasión para reiterar la necesidad de reforzar la planta de jueces en tribunales regionales, frente a un fenómeno que no es exclusivo de Coronel sino que afecta a otros organismos jurisdiccionales en Chile.

Mientras tanto, las audiencias afectadas quedaron reagendadas para fechas en 2026, lo que podría influir en los tiempos procesales de casos de alta relevancia pública y mediática en la provincia.

Una disputa vecinal que podría parecer menor escaló hasta la Corte de Apelaciones de Concepción, que dictaminó una orden judicial para resolver el conflicto entre dos residentes de Hualpén relacionado con los ladridos persistentes de un perro.

El caso fue conocido mediante un recurso de protección interpuesto por una mujer de 91 años, cuya salud se habría visto afectada por los ruidos constantes de la mascota de su vecina. Según los antecedentes aportados, esta situación provocó un aumento en su presión arterial, lo cual puso en riesgo su bienestar físico y emocional, dadas sus condiciones cardíacas y respiratorias preexistentes.

Al resolver, los ministros de la Quinta Sala consideraron que la exposición continua a ruidos molestos puede ser una forma de “violencia sorda” —un concepto que alude a agresiones ambientales que deterioran la calidad de vida de las personas— y que en este caso se materializó en la salud y descanso de la afectada.

Frente a ello, la Corte ordenó a la dueña del perro adoptar medidas eficaces para minimizar los sonidos perturbadores. Esto incluye mantener al animal dentro de la vivienda o implementar aislamientos acústicos en el espacio donde se encuentra, con la supervisión del municipio de Hualpén para verificar el cumplimiento de la resolución.

El fallo, que deja abierta la posibilidad de apelación ante la Corte Suprema, representa un antecedente relevante en materia de convivencia vecinal y protección de derechos fundamentales como la salud y la vida digna, especialmente en contextos donde se enfrentan intereses de igual dignidad —la protección del bienestar humano y el cuidado animal—.

La Región del Biobío vuelve a situarse en el foco de la prevención de incendios forestales. De acuerdo con información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), un total de 92 comunas del país se mantienen este jueves 25 de diciembre bajo la condición de Botón Rojo, herramienta que identifica territorios con alta probabilidad de ignición y rápida propagación del fuego. Dentro de ese escenario, Los Ángeles y Cabrero destacan a nivel regional y nacional por concentrar una de las mayores superficies bajo alerta.

Según lo informado por Conaf a través de su plataforma oficial, son cinco las regiones que presentan comunas con Botón Rojo: Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En este último caso, la situación genera especial preocupación debido a la extensión territorial comprometida y al historial reciente de incendios durante la temporada estival.

En específico, en la Región del Biobío once comunas presentan esta condición: Cabrero, Los Ángeles, Negrete, Laja, Alto Biobío, Yumbel, Antuco, Mulchén, Tucapel, Florida y Santa Bárbara, las que en conjunto suman 899,5 mil hectáreas bajo Botón Rojo. Dentro de este grupo, Cabrero y Los Ángeles lideran ampliamente el listado, tanto por superficie absoluta como por proporción de territorio afectado.

La proyección técnica de Conaf considera la relación entre la superficie comunal con Botón Rojo y la superficie combustible total. Bajo ese criterio, Cabrero registra cerca del 60% de su territorio bajo esta alerta, mientras que Los Ángeles alcanza un 61%, cifras que evidencian la magnitud del riesgo en ambas comunas. Más atrás aparece Negrete, con un 42% de su superficie comprometida.

Desde Conaf explicaron que la asignación de la condición de Botón Rojo responde a parámetros específicos, entre ellos, una probabilidad de ignición igual o superior al 70%, sumada a vientos de al menos 20 kilómetros por hora, particularmente en el tramo horario entre las 14:00 y las 18:59 horas, periodo crítico para el inicio y desarrollo de incendios forestales. Esta herramienta, además, se proyecta con hasta cinco días de anticipación, permitiendo orientar acciones preventivas y reforzar la planificación en zonas de mayor riesgo.

Pese a la complejidad del escenario actual, Conaf anticipa una disminución gradual de las condiciones desfavorables a partir de este viernes 26 de diciembre. De mantenerse esa tendencia, se estima que para el sábado 27 la condición de Botón Rojo podría desaparecer completamente de la Región del Biobío.

Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y responsabilidad, recordando que durante la presente temporada ya se han registrado 285 incendios forestales en la región, dos de los cuales fueron controlados y extinguidos durante la jornada de este jueves. La vigilancia, el autocuidado y la denuncia oportuna siguen siendo claves para evitar nuevas emergencias en un verano que recién comienza.

En medio de ajustes presupuestarios y una baja sostenida de matrícula, alrededor de 300 docentes vinculados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa podrían enfrentar desvinculación. La medida impactaría a liceos y escuelas en las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, y se explicaría por un desfase entre dotaciones docentes y la caída en la matrícula escolar registrada en los últimos años.

Según la administración del SLEP, la reestructuración responde a la necesidad de adecuar la planta docente a la realidad demográfica y financiera actual. La institución sostiene que el incremento de profesores durante el periodo 2016-2025 no estuvo respaldado por un crecimiento equivalente en número de estudiantes, lo que tensiona la eficiencia del gasto público en educación. La medida ha generado inquietud entre profesores, sostenedores y apoderados, quienes demandan que las autoridades planteen alternativas para proteger la calidad educativa sin sacrificar empleos docentes.

El debate ha ganado espacios en foros educativos regionales, donde se discute además la necesidad de fortalecer programas de retención estudiantil, políticas de apoyo familiar y estrategias que permitan revitalizar la matrícula en sectores rurales y urbanos vulnerables.