La nueva alza en el precio de los combustibles volvió a encender las alarmas entre los gremios de camioneros, que advierten que el aumento del diésel está llevando al sector a una situación cada vez más difícil de sostener. El incremento de $97 por litro comenzó a regir este jueves y se suma a una tendencia que, según los transportistas, se arrastra desde marzo.

El escenario motivó nuevas conversaciones entre los dirigentes del transporte de carga y el Ministerio de Hacienda, aunque las explicaciones entregadas por el Gobierno respecto del funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) no lograron despejar las inquietudes del sector.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el actual mecanismo y aseguró que el MEPCO continúa funcionando, aunque los ajustes se realizan de manera más espaciada. Según explicó, los precios deberían ir adecuándose paulatinamente con el paso del tiempo.

La postura oficial, sin embargo, no convence a los camioneros. El presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, Freddy Martínez, calificó la situación como insostenible y advirtió que una eventual paralización no está descartada si las alzas continúan.

“Hay mucha gente que dejó de operar porque esto no soporta ningún cálculo”, sostuvo el dirigente, quien agregó que, de concretarse una movilización, sería porque “ya no se puede seguir circulando”.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, planteó la necesidad de que el MEPCO vuelva a funcionar bajo el esquema anterior. El dirigente afirmó que el gremio atraviesa un momento complejo, marcado además por cortes de caminos e interrupciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

“Siempre nos llega esa alza cuando se está produciendo algún problema; cortada de camino en el sur, lluvia en el norte”, señaló Araya, reiterando la preocupación del sector por el mecanismo vigente.

A este escenario se suma el impacto que tienen los combustibles sobre los costos del transporte. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, Iván Mateluna, explicó que los camioneros operan con tarifas previamente acordadas con sus clientes, por lo que las variaciones en el precio del diésel terminan afectando directamente sus márgenes.

“También creemos que hay que transparentar las políticas públicas de los combustibles”, planteó Mateluna.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno desde otros sectores. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionó que el alza sea la única alternativa para enfrentar el escenario internacional y sostuvo que existen otras herramientas para amortiguar sus efectos, entre ellas el espacio fiscal disponible y el manejo de las expectativas económicas.

El Gobierno anunció que acelerará el proceso de venta de activos fiscales considerados “prescindibles” para obtener recursos destinados a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias en las regiones de Coquimbo y Atacama.

La medida fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien explicó que el Ejecutivo creará un fondo específico para enfrentar las necesidades derivadas de la emergencia. Los recursos provendrán, inicialmente, de la venta de bienes y activos que actualmente pertenecen al Estado.

En un punto de prensa realizado en Teatinos 120, Quiroz señaló que la administración integral de los activos fiscales ya formaba parte de la agenda del Gobierno y que el proceso se encuentra alineado con recomendaciones formuladas tanto por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) como por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según explicó el titular de Hacienda, la estrategia apunta también a contribuir posteriormente a la reconstrucción de los Fondos de Estabilidad Económica y Social (FEES). Sin embargo, debido a la emergencia provocada por las precipitaciones, el Ejecutivo decidió comenzar con un fondo destinado específicamente a las labores de reconstrucción.

“Vamos a partir llenando este primer fondo para la reconstrucción y luego el proceso de mayor envergadura, el FEES”, sostuvo Quiroz.

El ministro no entregó un listado de los bienes que podrían ser puestos a la venta, pero afirmó que existen diversos activos estatales que actualmente no son utilizados, no generan rentabilidad o dejaron de ser necesarios para el funcionamiento de los organismos públicos.

En ese contexto, recordó que el Gobierno ya ofició a los distintos ministerios para que identificaran y entregaran información sobre aquellos activos que pudieran ser considerados prescindibles. La medida busca acelerar su eventual enajenación y transformar esos bienes en recursos disponibles para enfrentar las consecuencias de la emergencia.

El anuncio se produce además en paralelo a la conformación de una mesa técnico-política destinada a coordinar la correcta ejecución del proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias.

La planificación contará también con apoyo internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitará una provisión de fondos no reembolsable que permitirá realizar un levantamiento de información sobre los daños provocados por el sistema frontal en el norte del país.

Ese trabajo tendrá como objetivo establecer con mayor precisión la magnitud de las afectaciones y, a partir de esos antecedentes, elaborar un cronograma de reconstrucción.

De esta manera, el Ejecutivo busca combinar la obtención de recursos mediante la venta de activos estatales con una evaluación detallada de los daños, como parte de una estrategia destinada a ordenar y financiar las obras necesarias tras la emergencia.

La economía chilena enfrentará un crecimiento menor al previsto durante 2026, de acuerdo con la nueva estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que volvió a reducir su proyección para el país y advirtió sobre un escenario regional marcado por la incertidumbre y un bajo dinamismo.

La Cepal situó en 1,6% la expansión esperada de Chile para este año, luego de que en abril ya hubiera reducido su cálculo desde 2,3% a 2,2%. El nuevo ajuste representa una baja considerable respecto de las estimaciones anteriores y ubica al país entre las economías latinoamericanas con menor crecimiento durante el período.

Para América Latina y el Caribe, en tanto, el organismo proyectó una expansión de 2,2% en 2026, una décima menos que su cálculo previo. Con este resultado, la región completaría cinco años consecutivos con un crecimiento promedio cercano al 2,3%, ritmo que, según Cepal, resulta insuficiente para aumentar de manera sostenida el ingreso por habitante y reducir las brechas de desarrollo.

El organismo explicó que las economías regionales han logrado preservar avances en materia de estabilidad macroeconómica, aunque enfrentan un escenario de menor dinamismo. Entre los principales factores identificados se encuentran un crecimiento más débil de la economía mundial, una elevada incertidumbre geopolítica y financiera, además de mayores presiones sobre los mercados internacionales de energía.

Pese a las dificultades, la Cepal anticipó una recuperación parcial para 2027, cuando el crecimiento regional podría alcanzar un 2,5%, aunque con diferencias importantes entre países y subregiones.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, sostuvo que para superar la baja capacidad de crecimiento se requiere aumentar la inversión y la productividad, además de avanzar hacia una mayor formalización productiva que permita fortalecer las capacidades de trabajadores y empresas, ampliar la protección social y generar empleos formales de calidad.

Las nuevas cifras muestran importantes diferencias dentro de la región. Venezuela lideraría el crecimiento en 2026 con 6,5%, seguida por Nicaragua con 4,5%, Panamá con 4,4%, Paraguay con 4,3%, Guatemala con 4% y República Dominicana con 4%.

En una posición intermedia aparecen El Salvador, Costa Rica, Honduras, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Chile, con su 1,6%, se ubica entre las economías de menor expansión, junto con Uruguay, México, las islas del Caribe y Bolivia.

Según el informe, Cuba y Haití serían los únicos países de la región que registrarían una contracción, con caídas de 10,3% y 1,9%, respectivamente.

La Cepal atribuye el débil desempeño regional a restricciones estructurales como los bajos niveles de inversión, el escaso crecimiento de la productividad, la menor creación de empleo formal y la elevada informalidad. Latinoamérica cerró 2024 con un crecimiento de 2,3% y alcanzó 2,4% durante 2025.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a la movilización protagonizada por subcontratistas y proveedores de Tapusa en Concepción, quienes reclaman el pago de recursos que la empresa española dejó pendientes tras abandonar importantes obras en el Gran Concepción.

Durante la mañana de este jueves, los afectados utilizaron maquinaria pesada, grúas, retroexcavadoras y camiones para interrumpir el tránsito en avenida O’Higgins, buscando visibilizar la situación y exigir una solución frente a los montos adeudados.

Desde el Minvu señalaron que comprenden la situación de los trabajadores y empresarios afectados, pero recalcaron que la responsabilidad por los perjuicios corresponde a la empresa.

“La responsabilidad por los perjuicios causados recae de manera exclusiva en el incumplimiento de la empresa”, enfatizó la cartera.

El ministerio indicó además que recibió formalmente el petitorio presentado por representantes de los subcontratistas y proveedores afectados por el término anticipado de los contratos con Tapusa. Sin embargo, sostuvo que el mecanismo para exigir el pago de las deudas debe ser judicial.

“El camino para los subcontratistas es la vía judicial”, precisaron desde la repartición.

Según informó el Minvu, hasta ahora solo se han recibido cinco acciones legales relacionadas con el caso Tapusa. La cartera explicó que no mantiene un vínculo contractual directo con los subcontratistas, por lo que no puede disponer de pagos directamente a favor de ellos.

“La ley no nos faculta a realizar pagos directos ni retenciones comerciales de manera arbitraria fuera de la sede judicial”, señalaron.

La cartera comprometió, de todas formas, su colaboración con los afectados durante los procesos judiciales, con el objetivo de contribuir a reducir el impacto económico generado por el término anticipado de los contratos.

Desde el ministerio también informaron que realizaron pagos correspondientes a las cotizaciones de los trabajadores dependientes de Tapusa y sus proporcionales hasta el 5 de mayo. Esa gestión, indicaron, se concretó dentro de los 30 días posteriores a que asumieran el control de las tres obras urbanas involucradas.

La controversia se mantiene mientras los subcontratistas buscan recuperar los recursos que aseguran se les adeudan tras el abandono de los proyectos.