Un hombre de 34 años falleció mientras permanecía bajo custodia policial en la Segunda Comisaría de San Felipe, región de Valparaíso, luego de presentar un cuadro de convulsiones tras ser detenido por el robo de un camión.

El procedimiento se originó durante la jornada del lunes en la Ruta 5 Norte, a la altura de Llay-Llay, donde Carabineros logró la detención del sujeto por el hurto del vehículo de carga. Posteriormente, fue trasladado hasta el recinto policial, donde comenzó a evidenciar complicaciones de salud.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el detenido sufrió una descompensación repentina al interior del calabozo, lo que obligó a solicitar la presencia de personal del SAMU. Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, no fue posible salvarle la vida.

La situación fue confirmada por el delegado presidencial provincial, Sebastián Caldera, quien indicó que ya se tomó contacto con la familia del fallecido, domiciliado en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana. Además, precisó que se instruyó un sumario administrativo y que el caso se encuentra en plena investigación.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias, las que incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de otros antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, el fiscal Rodrigo Zapata confirmó que se activó el Protocolo de Minnesota, procedimiento aplicado en casos de muertes bajo custodia del Estado, el cual será ejecutado por el Servicio Médico Legal para determinar eventuales responsabilidades.

Las indagatorias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer las causas exactas del fallecimiento y dilucidar si existieron o no responsabilidades en el actuar de los funcionarios involucrados.

Una amplia casona ubicada en el tradicional barrio Yungay de Santiago, que fue residencia del expresidente Gabriel Boric durante su mandato, fue puesta recientemente en el mercado inmobiliario, tanto para arriendo como para venta, generando alto interés por su historia y características.

La propiedad, que cuenta con cerca de 500 metros cuadrados construidos, está siendo ofrecida por la inmobiliaria Cocina Propiedades a un valor de $860 millones. No obstante, su precio original en unidades de fomento alcanza las 21 mil UF, lo que equivale aproximadamente a $836 millones. En paralelo, también existe la opción de arrendar el inmueble por 120 UF mensuales, cifra cercana a los $4,7 millones.

El inmueble destaca por su gran capacidad: dispone de 13 dormitorios, nueve baños, tres cocinas, además de dos espacios de living comedor y dos salas de estar. A ello se suman tres estacionamientos, lo que la posiciona como una propiedad apta tanto para uso habitacional como para proyectos comerciales o institucionales.

Desde la inmobiliaria, el encargado en la Región Metropolitana, Cristián Opazo, comentó que no es habitual que una vivienda con estas características —y con el antecedente de haber sido habitada por un jefe de Estado— llegue al mercado. En ese sentido, explicó que la estrategia apunta a atraer a compradores que valoren no solo la inversión, sino también el componente simbólico asociado al inmueble y su vínculo con la identidad cultural del barrio Yungay.

Respecto al valor fiscal, antecedentes del Servicio de Impuestos Internos sitúan el avalúo de la propiedad en poco más de $162 millones, muy por debajo del precio de venta. Sin embargo, desde la corredora aclaran que la estadía del exmandatario no incidió directamente en el valor comercial, sino que más bien incrementó su visibilidad.

Finalmente, Opazo descartó que la presencia de Boric haya generado cambios significativos en la seguridad del sector, enfatizando que el atractivo principal radica en el propio barrio Yungay, reconocido por su patrimonio, vida cultural y oferta de espacios emblemáticos. En esa línea, subrayó que la vivienda forma parte de ese entorno urbano, lo que refuerza su interés en el mercado.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este domingo eventuales modificaciones al sistema de cobro del Crédito con Garantía Estatal (CAE), en el marco de las medidas incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo.

Durante una entrevista televisiva, el secretario de Estado sostuvo que actualmente se está realizando un cruce de información entre organismos como la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos, lo que ha permitido detectar a personas con altos ingresos que no estarían cumpliendo con el pago de su deuda educativa.

Según explicó, algunos deudores recurren a mecanismos de reprogramación que les permiten aparecer sin morosidad al momento de declarar renta, pero posteriormente suspenden los pagos, evitando así cumplir de forma efectiva con la obligación.

Frente a este escenario, el titular de Hacienda planteó la posibilidad de implementar un sistema de descuento por planilla para quienes perciben mayores ingresos, con el objetivo de asegurar el pago del crédito. No obstante, precisó que aún no existe una definición oficial sobre qué se considerará como “altos sueldos”, ya que la medida se encuentra en etapa de análisis.

Cualquier modificación al sistema deberá avanzar mediante un proyecto de ley, el que tendría que ser discutido en el Congreso.

Cómo funciona actualmente el CAE

El CAE permite financiar total o parcialmente los estudios superiores mediante un crédito otorgado por instituciones financieras, expresado en UF. Este puede complementarse con becas u otros beneficios estatales hasta cubrir el arancel de referencia.

El cobro del crédito comienza, en general, 18 meses después del egreso del estudiante. En caso de abandono de la carrera, el pago se inicia en noviembre del segundo año sin matrícula.

Las cuotas se cancelan mensualmente en la entidad bancaria correspondiente, y existe la opción de solicitar una rebaja del monto a pagar, equivalente al 10% de la renta del deudor.

Asimismo, el sistema contempla mecanismos de flexibilidad, como la suspensión temporal del pago en caso de cesantía —por periodos renovables— o la postergación para quienes cursen estudios de posgrado en el extranjero.

Desde el Ejecutivo recalcaron que el foco de las eventuales modificaciones estará en mejorar la recaudación y evitar que personas con capacidad de pago eludan sus compromisos financieros.