La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de dos abogadas investigadas en el marco de una red de corrupción judicial, decisión que mantiene a ambas en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Se trata de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, imputadas junto a sus respectivos esposos (exfiscal y exdefensor, respectivamente) como miembros de una asociación ilícita para influir en el sistema judicial de Los Ángeles.
El tribunal determinó que no existen antecedentes suficientes para acoger la acción constitucional, validando las medidas cautelares decretadas previamente. La resolución se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados y en la necesidad de asegurar el desarrollo del proceso.
Desde la defensa se argumentó que “se han vulnerado derechos fundamentales”, intentando revertir la privación de libertad de las imputadas. Sin embargo, la Corte estimó que las condiciones legales para modificar la cautelar no estaban presentes en este caso.
El caso ha generado impacto en la Región del Biobío y en Ñuble, debido a la naturaleza de los hechos investigados y a la implicancia de profesionales del ámbito jurídico. La investigación apunta a una estructura que habría operado dentro del sistema judicial.
Con esta resolución, las imputadas deberán continuar en prisión preventiva mientras se desarrollan nuevas diligencias. El Ministerio Público, en tanto, sigue avanzando en la recopilación de antecedentes que permitan sustentar una eventual acusación formal.
