El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este domingo eventuales modificaciones al sistema de cobro del Crédito con Garantía Estatal (CAE), en el marco de las medidas incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo.
Durante una entrevista televisiva, el secretario de Estado sostuvo que actualmente se está realizando un cruce de información entre organismos como la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos, lo que ha permitido detectar a personas con altos ingresos que no estarían cumpliendo con el pago de su deuda educativa.
Según explicó, algunos deudores recurren a mecanismos de reprogramación que les permiten aparecer sin morosidad al momento de declarar renta, pero posteriormente suspenden los pagos, evitando así cumplir de forma efectiva con la obligación.
Frente a este escenario, el titular de Hacienda planteó la posibilidad de implementar un sistema de descuento por planilla para quienes perciben mayores ingresos, con el objetivo de asegurar el pago del crédito. No obstante, precisó que aún no existe una definición oficial sobre qué se considerará como “altos sueldos”, ya que la medida se encuentra en etapa de análisis.
Cualquier modificación al sistema deberá avanzar mediante un proyecto de ley, el que tendría que ser discutido en el Congreso.
Cómo funciona actualmente el CAE
El CAE permite financiar total o parcialmente los estudios superiores mediante un crédito otorgado por instituciones financieras, expresado en UF. Este puede complementarse con becas u otros beneficios estatales hasta cubrir el arancel de referencia.
El cobro del crédito comienza, en general, 18 meses después del egreso del estudiante. En caso de abandono de la carrera, el pago se inicia en noviembre del segundo año sin matrícula.
Las cuotas se cancelan mensualmente en la entidad bancaria correspondiente, y existe la opción de solicitar una rebaja del monto a pagar, equivalente al 10% de la renta del deudor.
Asimismo, el sistema contempla mecanismos de flexibilidad, como la suspensión temporal del pago en caso de cesantía —por periodos renovables— o la postergación para quienes cursen estudios de posgrado en el extranjero.
Desde el Ejecutivo recalcaron que el foco de las eventuales modificaciones estará en mejorar la recaudación y evitar que personas con capacidad de pago eludan sus compromisos financieros.
