El robo de cable de cobre se consolidó en 2025 como un problema grave para la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en la Región del Biobío, donde se registraron más de 45 000 metros sustraídos por bandas especializadas, según el último informe de la compañía de distribución eléctrica CGE. Este volumen de robo no solo representa pérdidas millonarias para las empresas, sino que también afectó de manera directa el suministro de energía y servicios a cientos de clientes residenciales y comerciales.
De acuerdo al análisis de la empresa, junto con las regiones de Coquimbo y Maule, el Biobío fue una de las zonas más impactadas por este tipo de delitos a nivel nacional. La ingeniería criminal detrás del hurto de cables involucra el desmantelamiento de tramos de tendidos eléctricos, actividad que no solo pone en riesgo la seguridad de quienes operan en terreno, sino que también interrumpe servicios esenciales, dejando a usuarios sin electricidad en zonas urbanas y rurales.
Ante el incremento de estos ilícitos, especialistas en seguridad y autoridades locales han vinculado este fenómeno con organizaciones más complejas que operan de manera coordinada, lo que ha hecho más difícil su persecución y desarticulación. El seremi subrogante de Seguridad Pública, Carlos Uslar, señaló que la respuesta debe ir más allá de la resolución policial individual, convocando esfuerzos conjuntos entre empresas, instituciones públicas y la comunidad para enfrentar estos delitos que tienen consecuencias amplias.
En Talcahuano, uno de los puntos más afectados dentro del Biobío, directivos municipales han informado que la creciente sustracción de cable ha obligado a algunas empresas a optar por reemplazar el material por tecnología de fibra óptica, lo que, aunque reduce la vulnerabilidad ante robos, implica inversiones adicionales que finalmente impactan en las tarifas o en la continuidad de la infraestructura.
Las autoridades energéticas, por su parte, han instalado una Mesa Técnica que reúne a distintos actores para analizar cómo perseguir a los responsables, identificar los puntos críticos y proponer medidas preventivas que vayan desde reforzamiento de vigilancia hasta campañas ciudadanas de denuncia. En este contexto, también se ha hecho un llamado a que las personas y empresas colaboren con las denuncias para aportar información que pueda focalizar las investigaciones y tratar estos robos como delitos estructurados y no como simples pérdidas de material.
