Una disputa vecinal que podría parecer menor escaló hasta la Corte de Apelaciones de Concepción, que dictaminó una orden judicial para resolver el conflicto entre dos residentes de Hualpén relacionado con los ladridos persistentes de un perro.
El caso fue conocido mediante un recurso de protección interpuesto por una mujer de 91 años, cuya salud se habría visto afectada por los ruidos constantes de la mascota de su vecina. Según los antecedentes aportados, esta situación provocó un aumento en su presión arterial, lo cual puso en riesgo su bienestar físico y emocional, dadas sus condiciones cardíacas y respiratorias preexistentes.
Al resolver, los ministros de la Quinta Sala consideraron que la exposición continua a ruidos molestos puede ser una forma de “violencia sorda” —un concepto que alude a agresiones ambientales que deterioran la calidad de vida de las personas— y que en este caso se materializó en la salud y descanso de la afectada.
Frente a ello, la Corte ordenó a la dueña del perro adoptar medidas eficaces para minimizar los sonidos perturbadores. Esto incluye mantener al animal dentro de la vivienda o implementar aislamientos acústicos en el espacio donde se encuentra, con la supervisión del municipio de Hualpén para verificar el cumplimiento de la resolución.
El fallo, que deja abierta la posibilidad de apelación ante la Corte Suprema, representa un antecedente relevante en materia de convivencia vecinal y protección de derechos fundamentales como la salud y la vida digna, especialmente en contextos donde se enfrentan intereses de igual dignidad —la protección del bienestar humano y el cuidado animal—.
