Una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados acusó irregularidades en el actuar de la Dirección General de Aguas (DGA), en el marco del histórico conflicto por los derechos de agua del río Laja, que involucra a las asociaciones de canalistas del Canal Zañartu (ACCZ) y Laja Sur, en las regiones del Biobío y Ñuble.
El informe parlamentario señala que la DGA habría reconocido a la ACCZ un caudal de 45 m³/s, a pesar de que legalmente solo le correspondían 33 m³/s, y que en la práctica utilizaba 22,6 m³/s. No existen registros que justifiquen este incremento.
Además, se cuestiona que el organismo emitiera resoluciones mientras el caso ya se encontraba judicializado, autorizando obras no regularizadas —algunas con financiamiento público— y modificando decisiones previas sin sustento técnico.
El presidente de Laja Sur, Germán Hermosilla, advirtió que la sobreextracción afecta la disponibilidad de agua para riego, generación eléctrica y turismo. “Los agricultores deben optar por cultivos menos rentables debido a la incertidumbre en el acceso al recurso”, sostuvo.
El informe acusa a la DGA de generar “incertidumbre jurídica y operativa” y de favorecer a actores con mayor poder económico. Ante esto, se propone reforzar la fiscalización, reformar el modelo jurídico de los derechos de agua y mejorar la coordinación con organismos como la Comisión Nacional de Riego (CNR).
Consultada por el informe, la DGA indicó que, dado que el tema se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, esperarán el fallo antes de emitir una postura definitiva.
Desde el Congreso, parlamentarios expresaron diversas críticas. La diputada independiente Karen Medina denunció “faltas administrativas graves” y urgió a priorizar el agua para consumo humano, agricultura y turismo. El diputado ecologista Félix González apuntó a una raíz estructural: “Chile sigue siendo el único país donde el agua está privatizada. El Estado debe recuperar su capacidad de gestión”.