Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión de recursos públicos en la Región del Biobío, con observaciones por más de $94 mil millones. El documento, entregado a la Cámara de Diputadas y Diputados, forma parte de una fiscalización nacional que identificó $1,5 billones en recursos objetados entre abril de 2024 y marzo de 2025.
En el Biobío, el Gobierno Regional concentra la mayor parte del monto observado, con más de $86 mil millones pendientes de rendición o reintegro. También se identificaron contratos mal ejecutados, pagos sin respaldo y falta de acciones de cobro por fondos no utilizados.
La Delegación Presidencial Regional aparece con sobreprecios por $370 millones en servicios relacionados con fauna marina varada y pagos duplicados por viviendas de emergencia, además de servicios no prestados.
Municipalidades como Lota, Nacimiento, Coronel y Concepción también fueron cuestionadas por gastos sin justificación, fondos sociales mal rendidos, y falta de multas a concesionarias.
El informe generó críticas transversales en el Congreso, donde se convocó a una sesión especial para abordar la situación. Parlamentarios de distintos sectores coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para evitar el uso ineficiente de fondos públicos.