La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por los padres de un estudiante de primero medio del colegio Almondale Lomas, en Concepción, quien a fines de 2024 intentó quitarse la vida presuntamente debido a un prolongado episodio de bullying. La familia acusó inacción por parte del establecimiento educativo frente a las agresiones sufridas por el menor durante todo el año.
Si bien el fallo del máximo tribunal no atribuyó responsabilidad directa al colegio, sí ordenó la implementación de medidas reparatorias. Sin embargo, estas no se concretaron, ya que el alumno fue retirado del establecimiento por decisión de su madre, Mariel Viera, quien ahora prepara una demanda civil indemnizatoria.
“Los agresores sólo fueron cambiados de curso, pero no expulsados. La amenaza seguía presente, por eso decidimos trasladarlo a otro colegio”, explicó la madre del menor.
Desde el colegio Almondale, el encargado de Convivencia Escolar, Jorge Albarrán, aseguró que están dispuestos a acatar lo dictado por la Corte. No obstante, argumentó que el plan de intervención no pudo ser aplicado debido a la salida del estudiante, por lo que consideró que la eventual demanda no debería prosperar.
El caso ha reabierto el debate sobre el rol de los establecimientos educacionales frente al bullying y la necesidad de protocolos más eficaces para proteger a los estudiantes.