El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, manifestó su preocupación y pidió que “la justicia actúe con firmeza” tras conocerse que la Fundación ProCultura adeuda cotizaciones e indemnizaciones a 54 trabajadores despedidos del Circuito Lota Patrimonial.
El caso, actualmente en tramitación en el Juzgado de Letras de Lota, involucra a guardias, exmineros, jardineros y otros trabajadores desvinculados en diciembre de 2023. La demanda colectiva establece una deuda superior a los 180 millones de pesos, correspondiente a previsiones impagas y compensaciones no canceladas.
Giacaman criticó además que su antecesor en el cargo, Rodrigo Díaz, no haya iniciado acciones legales contra la fundación, y enfatizó que organizaciones como ProCultura “nunca más deben estar a cargo de convenios con el Estado”.
Aristas políticas y cuestionamientos locales
El caso no solo tiene una dimensión laboral. La Fiscalía también indaga presuntos vínculos de la fundación con campañas políticas, incluyendo el financiamiento de la candidatura a la Convención Constitucional de Elizabeth Aguilera, actual presidenta de la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota. Según antecedentes publicados por BioBio Investiga, Aguilera habría recibido un depósito de un millón de pesos por parte de ProCultura durante su campaña en 2021.
El diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara Baja, instó a que se realice una investigación “acuciosa” para determinar si estos casos se han replicado en otras zonas de la región.
En el plano local, las críticas también apuntan al manejo patrimonial. El artesano Gastón Lorca, presidente de la organización cultural Filtro, acusó un presunto “modus operandi” del director de ProCultura, Alberto Larraín, para obtener recursos a través de proyectos financiados por el Gobierno Regional, sin rendición completa de los fondos.
Además, se cuestiona el deterioro del patrimonio histórico de Lota bajo la gestión de la fundación: el Museo Minero permaneció cerrado durante cinco años, mientras que la mina Chiflón del Diablo reabrió en condiciones deficientes, con problemas de infraestructura, energía alimentada por generadores y denuncias de contaminación en la playa La Conchilla.