En una decisión que sacude al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la ministra Jessica López solicitó la renuncia del director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, en medio de crecientes cuestionamientos por el retraso en la construcción de hospitales comprometidos para la Región del Biobío.
A través de un comunicado oficial, el MOP informó que la medida busca “garantizar los compromisos y desafíos de la cartera de concesiones de cara al último año de Gobierno”, destacando una agenda que contempla hasta 15 licitaciones por una inversión total estimada en US$7.898 millones.
La secretaria de Estado agradeció el trabajo de Sánchez y reafirmó el compromiso del ministerio con las demandas de infraestructura del país, especialmente en ámbitos como movilidad, equidad territorial, seguridad y sostenibilidad.
La salida de Sánchez ocurre tras las crecientes críticas por el estancamiento de la Red Biobío de Hospitales, iniciativa que considera la construcción de nuevos recintos asistenciales en Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara. Los proyectos, adjudicados a la empresa española OHLA, presentan un avance promedio que no supera el 5%, pese a que el contrato exigía al menos un 15% de progreso físico para noviembre y diciembre de 2024.
Este incumplimiento fue notificado por la propia Dirección General de Concesiones, que lo calificó como grave y lo derivó a la Comisión Arbitral para su revisión. La situación ha generado preocupación y molestia entre autoridades regionales y comunales, quienes exigen certezas sobre la continuidad y viabilidad de las obras, claves para mejorar la red de salud pública en la zona.
La demora en la ejecución de los hospitales ha sido objeto de críticas transversales en el Biobío, donde los proyectos son considerados fundamentales para enfrentar la sobrecarga del sistema de salud y reducir las brechas de atención médica en zonas históricamente postergadas.
Hasta ahora, no se ha informado quién asumirá en calidad de subrogante en la Dirección General de Concesiones, mientras el Gobierno trabaja para encauzar el cronograma de licitaciones e infraestructura pendiente antes del término del actual mandato presidencial.