El Gobierno Regional del Biobío pidió a la Fundación Antonia restituir $51 millones por incumplir un convenio firmado en diciembre de 2022 para ejecutar un programa de atención a víctimas de violencia de género.
El conflicto surge porque Consuelo Hermosilla, presidenta y representante legal de la fundación, asumió el rol de coordinadora del programa sin contar con los estudios profesionales requeridos, pese a recibir un sueldo mensual de $2,2 millones por ese cargo.
Según el convenio, el puesto debía ser ocupado por un profesional titulado, requisito que no se cumplió. Por esta razón, se rechazó el gasto asociado y se solicitó el reintegro de los fondos.
Además, la fundación deberá designar a un nuevo coordinador que cumpla con los requisitos. De no hacerlo, el convenio podría ser terminado anticipadamente.